Un comisario en funciones de la Unidad Regional VI (Villa Constitución) fue imputado por abuso sexual a una cadete de la Escuela de Policía de Rosario cuando el uniformado trabajaba en el lugar. El hombre, identificado como A. R., quedó en prisión preventiva por tres meses, aunque su encierro podría extenderse.
La imputación se desarrolló en el marco de una audiencia en el Centro de Justicia Penal y fue encabezada por el fiscal José Luis Caterina, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Al efectivo policial se le atribuyeron los delitos de «abuso sexual mediando abuso coactivo e intimidatorio de una relación de autoridad o poder, agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones».
La jueza de primera instancia Verónica Silvana Lamas González tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días. Luego de vencido el plazo la medida podrá ser prorrogada, informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación.
La atribución delictiva se dio por un hecho ocurrido el 4 de marzo de 2021 en el interior del Instituto de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, de Alem 2050 (Rosario), conocida como la Escuela de Policía. Allí se desempeñaba A. R. como jefe de una de las compañías femeninas.
El acto se dio dentro de la oficina conocida como el «detall», que es una dependencia administrativa; se lo acusa de haber el abusado de una cadete del lugar, «mediando un abuso coactivo e intimidatorio de una relación de autoridad y de poder», expresaron en la audiencia.
Los demás datos en relación a la mecánica de cómo ocurrieron los hechos y a la identidad de la víctima se mantuvieron en reserva para salvaguardar la integridad de la mujer, indicaron fuentes de Fiscalía.
Al margen de la investigación sobre abuso sexual, la Agencia de Control Policial (ACP) se encontró con una sorpresa cuando fue a detener al comisario imputado este sábado. En su casa encontraron un Mercedes-Benz C250 que había sido secuestrado para su decomiso en el marco de otra causa.
Después de un allanamiento anterior por delitos atribuidos a integrantes de una corredora de granos, el vehículo había pasado a manos de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Sin embargo, la Justicia lo encontró en poder del uniformado, que también tenía una ametralladora guardada en su domicilio.
