La investigación por el asesinato de Agustín de la Encina Capelletti —ocurrido en enero dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero— avanzó esta semana con una serie de imputaciones que apuntan tanto a internos como a personal penitenciario. En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Paula Barros atribuyó roles concretos en la planificación y ejecución del ataque, y el juez Carlos Sosa dictó prisión preventiva para nueve acusados y dispuso restricciones estrictas en las comunicaciones.
La Fiscalía identificó a Jorge G., delegado del pabellón, como instigador del asesinato. A él se suman ocho internos imputados como coautores, acusados de haber participado del ataque coordinado dentro de la llamada “jaula de seguridad” del pabellón 6, donde De la Encina fue acorralado y golpeado hasta quedar gravemente herido.
Además, dos agentes del Servicio Penitenciario, Julián Aguirre y Gustavo Raimondi, ya habían sido imputados en una audiencia anterior. Según la acusación, facilitaron el ingreso de un grupo de internos a la zona donde se encontraba la víctima, abriendo accesos que permitieron que el ataque se concretara. Ambos están detenidos con prisión preventiva por homicidio doblemente calificado y abuso funcional.
El caso volvió a poner bajo la lupa los movimientos internos dentro de Piñero y las fallas estructurales de control. De la Encina, detenido desde 2021 por causas de narcotráfico con conexiones a la banda de Esteban Alvarado, había sido trasladado desde Coronda poco antes del crimen, pese a que él mismo había advertido riesgos.
Fuentes de la causa plantearon que existió un plan organizado que combinó rivalidades internas, deudas vinculadas al narcotráfico y maniobras penitenciarias que permitieron el ataque. Un testigo de identidad reservada afirmó que la ejecución habría sido facilitada a cambio de una suma de dinero.
La Fiscalía sostiene que los acusados actuaron de manera coordinada y con roles diferenciados: desde quienes golpearon a la víctima en un primer momento hasta quienes, una vez liberado el acceso a la jaula de seguridad, se sumaron para cerrar la agresión que terminó con De la Encina muriendo horas después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
Con las nuevas imputaciones, la causa entra en una etapa en la que se analizarán comunicaciones internas, movimientos penitenciarios y posibles vínculos externos. La participación de personal del Servicio Penitenciario, sumada a la estructura criminal que rodeaba a la víctima, coloca al expediente entre los más complejos en curso sobre hechos ocurridos dentro del sistema carcelario santafesino.
