Tras tres días de audiencias, el juez Gustavo Pérez Urrechu ordenó prisión preventiva para catorce policías de alto rango de la Unidad Regional II, entre ellos el ex jefe Daniel Acosta y su secretario privado, Rodrigo Domínguez. Ambos fueron señalados como los máximos responsables de una asociación ilícita dedicada al desvío sistemático de fondos destinados al combustible de patrulleros, en un contexto de emergencia provincial en materia de seguridad pública.
La medida, que avaló las imputaciones por peculado, asociación ilícita y cohecho pasivo, regirá hasta el 14 de mayo, con posibilidad de prórroga si la Fiscalía presenta la acusación preliminar. El fiscal José Luis Caterina recordó que la causa ya alcanza a 28 personas, entre policías y civiles.
Una estructura jerárquica y sostenida en el tiempo
Además de Acosta y Domínguez, la lista de imputados incluye a ex jefes de secciones clave de la URII: Adrián Bahl (Escuadrón Caballería y Sección Perros), Fabián Becerra (Táctica Multipropósito), Roberto Blanco (Logística), Nicolás Cuesta (Adicionales), Diego Luna (Infantería), Edgardo Roldán (Zona VI), Roberto Sandoval (Medicina Legal), Héctor Saucedo (Motorizada), Diego Santamaría (Comando Radioeléctrico), Juan Alberto Villordo y Juan Manuel Herrera (Motorizada), y Fabián Fantín (Caballería).
Facturación fantasma y retornos en efectivo
La investigación, iniciada públicamente en mayo, reveló un acuerdo espurio entre mandos policiales y personal de la estación de servicio Gas Auto Tiferno SA, de Ovidio Lagos al 3900. Según la fiscalía, entre mayo de 2023 y mayo de 2025 se concretaron sobrefacturaciones y cargas fantasma utilizando las tarjetas Visa-Flota, el sistema prepago provincial para abastecer patrulleros.
El circuito era simple y efectivo: la estación facturaba consumo inexistente; el Estado pagaba; y la firma, con bandera Puma, devolvía quincenalmente un porcentaje de ese dinero a representantes de cada sección policial. Algunas de esas entregas quedaron registradas en fotografías donde se observa a uniformados retirando sobres dentro de la estación.
Las maniobras fueron corroboradas con múltiples herramientas de investigación, entre ellas la declaración de un imputado colaborador y el seguimiento de GPS instalados en móviles que figuraban como abastecidos aunque no se habían movido.
Caterina agregó un dato clave: tres patrulleros asignados internamente a jefes policiales tenían como única finalidad generar consumos ficticios. Dos de ellos fueron incendiados tras los allanamientos de mayo, en lo que la fiscalía considera un intento de borrar evidencia.
Codicia, presión interna y un mecanismo de disciplinamiento
El juez destacó durante su resolución la “codicia” que atravesaba la estructura, así como el aprovechamiento del contexto de violencia urbana para justificar un mayor uso de fondos. Según la fiscalía, desde la conducción de la URII se presionaba para aumentar los montos generados mediante facturación apócrifa, bajo la amenaza de paralizar el patrullaje ante una eventual falta de combustible.
El testimonio del imputado colaborador fue central. Allí describió la existencia de una “Oficina de Gestión de Multas (OMG)”, supuestamente creada por Acosta y Domínguez, donde se imponían sanciones a jefes de secciones que no rendían dinero en tiempo y forma. Esas “multas”, según relató, se pagaban con asados, costillares, cajas de vino o whiskies caros. Incluso mencionó la exigencia de un whisky Blue Label, valuado en unos 400 mil pesos. La existencia de estas presiones fue ratificada por escuchas y peritajes incorporados al expediente.
Según expuso Caterina, la desactivación del esquema produjo un ahorro significativo. En mayo, la URII consumía alrededor de 403 millones de pesos mensuales en combustible. Tras los allanamientos, el gasto cayó a 330 millones en abril, una diferencia atribuida directamente al fin de las prácticas fraudulentas.
En medio de la investigación trascendió una fotografía tomada en un despacho de la URII. En ella, Acosta aparece junto a un freezer y, detrás, tres cajas de whisky premium, un indicio que para la Fiscalía refuerza el relato del imputado colaborador sobre los presuntos “retornos” y castigos internos en el marco de la OMG.
