Jonatan “Peco” Almada comenzó a ser juzgado como presunto organizador de una asociación ilícita que desplegó actividades de narcomenudeo, extorsiones, usurpaciones y ataques armados en Ludueña y Empalme Graneros. La Fiscalía lo ubica entre los principales responsables de la estructura y solicitó una condena de 40 años de prisión.
El debate oral, previsto inicialmente para dos semanas, se desarrolla en el Centro de Justicia Penal ante el tribunal integrado por Lorena Aronne, Paola Aguirre y Lisandro Artacho. La acusación está a cargo del fiscal Pablo Socca, quien describió al imputado de 34 años como “el gerente de la empresa criminal”.
Almada ya cumple una condena federal de seis años por narcotráfico. Por ese motivo, la Fiscalía pidió que, en caso de ser declarado culpable, ambas penas sean unificadas en 46 años. En este proceso enfrenta acusaciones por asociación ilícita, extorsiones, amenazas, tentativa de homicidio, intimidaciones contra funcionarios y distintos delitos vinculados con armas de fuego.
La organización permaneció activa entre julio de 2021 y comienzos de 2023. Según la investigación, tuvo su base en Ludueña y mantuvo una disputa territorial con un grupo encabezado por Francisco “Fran” Riquelme, vinculado al narcotraficante Esteban Alvarado. El enfrentamiento se extendió hacia Empalme Graneros y barrio Industrial y estuvo atravesado por decenas de asesinatos, ataques contra viviendas y extorsiones a comerciantes y vecinos. Por integrar la estructura ya fueron condenadas 36 personas, entre ellas cinco policías. Almada fue uno de los acusados que rechazó cerrar un procedimiento abreviado, por lo que su situación se resolverá ahora mediante un juicio oral.
Desde la cárcel. La acusación sostiene que el grupo comenzó a formarse dentro de la cárcel de Piñero. Allí, Matías “Pino” César, señalado como integrante de Los Monos, habría establecido una alianza con Andy Benítez y Julián Aguirre. Los tres recibieron condenas de 20 años de prisión en esta causa.
Benítez y Aguirre, oriundos de Ludueña, habrían reclutado a personas de su confianza para ejecutar las órdenes en la calle. En ese esquema también ocuparon posiciones relevantes Mauro Gerez y Oscar “Nenu” Ramírez, condenados a nueve y doce años, respectivamente, además de Almada.
De acuerdo con la Fiscalía, “Peco” distribuía drogas entre otros integrantes, administraba la recaudación y llevaba registros de los movimientos de dinero. También habría controlado la ubicación y entrega de armas, transmitido órdenes y participado personalmente en maniobras extorsivas.
Los investigadores le atribuyen además la selección de personas para ocupar viviendas usurpadas y la administración de automóviles y motocicletas utilizados en distintos delitos. La acusación afirma que también amenazaba a víctimas y testigos que denunciaban las actividades del grupo.
Almada fue detenido en agosto de 2022 en un departamento que alquilaba en el centro de Rosario. Su padre, un expolicía, fue condenado a tres años de prisión condicional por colaborar con la organización. Su hermana Brenda recibió una pena de cinco años. Otra hermana, Verónica Almada, fue asesinada en febrero de 2022 frente a su casa de Urquiza al 6000, en un ataque que, según la investigación, tenía como destinatario a “Peco”.
Ataques para quedarse con viviendas y vehículos. Entre los episodios incluidos en la acusación aparece el ataque contra una familia de Ludueña ocurrido en julio de 2021. Un día después de que balearan su vivienda de Solís al 300, las víctimas recibieron mensajes en los que Almada presuntamente las amenazaba con “hacerlas explotar” si no entregaban dinero.
La intimidación habría continuado con otros dos ataques armados. En uno de ellos resultó herido el destinatario de las amenazas. Finalmente, la familia abandonó la propiedad, que luego fue ocupada por personas presuntamente designadas por Almada. Por esa secuencia, la Fiscalía le atribuyó tentativa de extorsión agravada por el uso de arma de fuego, amenazas destinadas a obligar a las víctimas a abandonar su casa, usurpación y tentativa de homicidio.
Otro hecho ocurrió en mayo de 2022, cuando un vecino fue obligado mediante amenazas y un ataque a tiros a entregar un Ford One y 100.000 pesos. El automóvil fue encontrado posteriormente durante un allanamiento en una propiedad de French al 1300 vinculada con el acusado. En ese procedimiento también se secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros, municiones, dólares, una máquina para contar billetes y un cuaderno con anotaciones presuntamente relacionadas con la venta de drogas. Para los fiscales, esos elementos respaldan la hipótesis de que Almada administraba parte de los recursos de la organización.
También se le atribuye una balacera contra una vivienda de San Lorenzo al 5100, registrada en agosto de 2022. Según la acusación, los atacantes llegaron en un Nissan Tiida perteneciente a Almada y efectuaron 16 disparos contra el inmueble.
Amenazas contra los fiscales. El expediente incluye además intimidaciones dirigidas contra Pablo Socca y Matías Edery. Los nombres de ambos fiscales aparecieron en carteles amenazantes colocados en distintos puntos de Rosario, entre ellos una sede de la entonces Agencia de Investigación Criminal, el Hospital de Niños Zona Norte, el Centro Municipal de Distrito Sur y las instalaciones de Televisión Litoral.
La Fiscalía acusa a Almada de haber instigado esos mensajes con el objetivo de condicionar la actuación de funcionarios públicos. Esa imputación se suma a los delitos relacionados con las extorsiones, las balaceras, las armas y su presunto papel como organizador de la asociación ilícita.
