El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe llevó adelante este jueves un operativo de inactivación de dos búnkers de venta de drogas en Pérez, en el barrio Cabín 9. Con la intervención concretada, la Provincia alcanzó las 94 desactivaciones desde que se puso en marcha la Ley de Microtráfico a comienzos de 2024.
La supervisión estuvo a cargo del ministro Pablo Cococcioni, acompañado por la fiscal Brenda Debiasi del MPA. El funcionario destacó que este tipo de medidas resulta clave para evitar la reactivación de los puntos de venta y reducir el impacto directo que generan en los barrios. “Estos inmuebles habían sido allanados hace un mes y ya intentaban volver a operar. Si no se interviene, las actividades ilícitas se reinstalan y reaparecen los perjuicios para los vecinos”, señaló.
Cococcioni remarcó que la zona presenta un historial reciente de hechos violentos vinculados al narcomenudeo. “En pocos metros a la redonda se acumularon disparos, heridos y secuestros de armas, lo que nos permite asociar claramente el funcionamiento del punto con un aumento de la violencia”, explicó. Además, indicó que los residentes del sector ya habían manifestado públicamente el malestar que les generaba la presencia de estos lugares. “Un búnker arruina la vida de quienes viven al lado. Por eso es importante que el Estado llegue antes y dé esta respuesta”, expresó.
Dos detenidos y secuestro de cocaína
La fiscal Debiasi detalló que la investigación surgió a partir de denuncias vecinales y tareas de campo realizadas por la Policía de Investigaciones. Durante los allanamientos, se secuestró cocaína y se detuvo a dos personas que fraccionaban estupefacientes para la venta. Ambos fueron imputados y quedaron en prisión preventiva.
La funcionaria agregó que parte de las estructuras intervenidas ya habían sido parcialmente derribadas por los propios vecinos, lo que reforzó el pedido urgente de la fiscalía para avanzar con la inactivación judicial.
La normativa aprobada a fines de 2023 permitió trasladar a la Provincia competencias para intervenir en casos de narcomenudeo. Desde su implementación, los procedimientos se desarrollan de manera coordinada entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la policía y fuerzas federales.
El objetivo es neutralizar puntos de venta y propiedades asociadas a hechos de violencia en toda la provincia, en una estrategia que busca cortar circuitos locales de comercialización de drogas y fortalecer la seguridad en los barrios.
