Rosario sumó este miércoles un nuevo derribo de un inmueble vinculado al narcomenudeo. El operativo se realizó en Centeno al 2400, en la zona de Villa Moreno y Villa Centeno, donde el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación avanzaron con la demolición de una propiedad señalada como punto de venta de estupefacientes y asociada a hechos de violencia en el barrio. Con esta intervención, ya son 119 los inmuebles inactivados en toda la provincia desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.
El procedimiento fue encabezado por el Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Durante la actividad, el ministro Pablo Cococcioni defendió la continuidad de la estrategia provincial contra el microtráfico y sostuvo que la herramienta permitió avanzar sobre estructuras delictivas ligadas al narcomenudeo.
“La problemática del microtráfico comenzó a abordarse a partir de una herramienta que nos otorgó la Legislatura dentro de un paquete de reformas procesales y de seguridad. Hoy vemos resultados concretos y eso nos impulsa a profundizar este camino”, señaló el funcionario.
Cococcioni recordó además que días atrás el Ejecutivo y la Fiscalía presentaron ante la Legislatura un informe bianual sobre la aplicación de la Ley de Microtráfico, donde se detallaron los resultados obtenidos desde su implementación. Según indicó, ese respaldo político habilita ahora el debate de nuevas medidas para endurecer las políticas de seguridad.
“No es momento de flexibilizar. Cuando las herramientas disponibles mejoran los indicadores, corresponde avanzar con nuevos instrumentos. Bajaron los niveles de violencia, pero todavía estamos lejos de una situación ideal si nos comparamos con otras provincias y con la tasa nacional de homicidios”, afirmó el ministro. Y agregó: “La instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro es profundizar el rumbo y no levantar el pie del acelerador en la lucha contra la delincuencia”.
Desde el MPA, el fiscal César Cabrera explicó que el derribo forma parte de una intervención más amplia desarrollada en Villa Moreno y Villa Centeno, dos sectores donde las investigaciones detectaron focos de comercialización de droga y reiterados episodios violentos. “La acción no se limita a demoler un inmueble. Hay una intervención barrial integral impulsada por el nivel de violencia y las denuncias de vecinos sobre venta de estupefacientes”, sostuvo el fiscal.
Según detalló Cabrera, en el lugar intervenido se realizaron allanamientos previos con resultados positivos, que incluyeron secuestro de droga y detenciones de personas vinculadas a la actividad ilícita. Sin embargo, la comercialización continuó incluso después de las actuaciones judiciales, por lo que se avanzó con el pedido de demolición. “Estos espacios no solo representan puntos de venta de droga, sino también lugares donde se generan hechos de violencia y delitos asociados al microtráfico”, explicó.
La política de derribo de búnkers comenzó a aplicarse a principios de 2024 y se lleva adelante de manera coordinada entre el gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe y, en algunos casos, fuerzas federales y municipios.
El objetivo oficial es impedir que esos inmuebles vuelvan a ser utilizados para actividades vinculadas al delito y recuperar sectores de los barrios históricamente afectados por economías criminales de pequeña escala.
