Dos búnkeres de venta de drogas ubicados en French al 2000 fueron derribados este jueves como parte de una investigación sobre una organización presuntamente vinculada al Clan Riquelme. La causa incluye tres homicidios, una tentativa de homicidio, usurpaciones y amenazas que, según la acusación, estuvieron relacionadas con la disputa por el control territorial y la comercialización de estupefacientes.
Los procedimientos fueron supervisados por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con estas intervenciones, ya suman 92 los puntos inactivados en Rosario y 152 en toda la provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Los derribos se realizaron en el marco de la Ley de Microtráfico, vigente desde principios de 2024. La normativa contempla la inactivación de lugares destinados a la venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a hechos de violencia altamente lesiva. Su aplicación articula el trabajo del Gobierno provincial, el MPA, la Justicia y la Policía santafesina, con colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.
El secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira, señaló que las intervenciones fueron el resultado de una investigación compleja, en la que trabajaron de manera coordinada las unidades de Violencia Altamente Lesiva y de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). Según explicó, los inmuebles derribados funcionaban como centros de violencia dentro del barrio.
Pereira también destacó la consolidación de la aplicación de la ley y se refirió a una de las particularidades de la causa: la presunta participación de un abogado en la estructura investigada. “Es una realidad lamentable que muestra cómo el narcotráfico involucra a distintos actores para desarrollar su actividad”, sostuvo.
Una investigación por homicidios y disputas territoriales. La fiscal Mercedes Banchio explicó que las personas investigadas fueron imputadas por asociación ilícita. Según detalló, la pesquisa identificó una estructura dedicada a la comercialización organizada de estupefacientes y distintos episodios de violencia vinculados a disputas por el territorio.
La investigación apunta a una nueva asociación presuntamente integrada por Francisco Riquelme, quien se encuentra detenido; su hijo Ezequiel y otras personas que habrían buscado sostener los puntos de venta de French al 2000 y otros ubicados en la zona. Banchio indicó que el análisis de tres homicidios permitió establecer el inicio de esa presunta asociación ilícita.
Por su parte, la fiscal Marina Vigo precisó que la causa comenzó a partir del homicidio de una persona de apellido Sosa. A medida que avanzó la pesquisa, se incorporaron otros hechos hasta abarcar tres asesinatos, una tentativa de homicidio y distintos episodios de violencia altamente lesiva.
Entre esos hechos aparecen usurpaciones y amenazas calificadas. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, esas acciones buscaban desplazar a los ocupantes de viviendas para quedarse con los inmuebles y utilizarlos en la comercialización de estupefacientes al menudeo.
El rol atribuido a un abogado. Vigo señaló que Ezequiel Riquelme fue imputado como presunto organizador territorial de la estructura. También informó que un abogado de Buenos Aires está acusado de actuar como nexo entre Francisco Riquelme, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz; su hijo y otros integrantes de la organización.
La hipótesis fiscal sostiene que el profesional habría triangulado comunicaciones para transmitir órdenes desde el establecimiento penitenciario federal hacia quienes operaban en el territorio. Ese presunto papel como intermediario forma parte de la acusación sobre el funcionamiento de la banda.
El fiscal Diego Giro afirmó que la investigación permitió avanzar sobre distintos niveles de la estructura. En total, más de quince personas fueron imputadas, entre ellas quien sería el jefe de la organización y el abogado señalado como enlace con los integrantes que actuaban directamente en los barrios.
