La demolición de un presunto punto de venta de drogas en la zona oeste de Rosario permitió alcanzar los 125 búnkeres vinculados al narcomenudeo derribados desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico en toda la provincia de Santa Fe. El procedimiento se realizó este jueves en un inmueble ubicado sobre Castellanos al 2600 y formó parte de una serie de intervenciones simultáneas que también incluyeron otros dos operativos en la ciudad de Esperanza.
La actividad fue supervisada por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes destacaron el avance de una política que desde comienzos de 2024 apunta a desarticular puntos de venta de estupefacientes y recuperar espacios asociados a economías delictivas en distintos barrios de la provincia.
Desde la sanción de la Ley de Microtráfico por parte de la Legislatura santafesina, a fines de 2023, los derribos se convirtieron en una de las herramientas más visibles de la estrategia provincial contra el narcomenudeo. Las intervenciones se realizan una vez finalizadas las investigaciones judiciales y tras la autorización correspondiente de la Justicia, en un trabajo coordinado entre el gobierno provincial, el MPA, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.
Durante el operativo, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, señaló que la demolición realizada en Rosario correspondió al búnker número 71 derribado en la ciudad y al número 80 en todo el departamento Rosario. Con los dos procedimientos desarrollados en Esperanza de manera simultánea, la cifra provincial llegó a los 125 inmuebles inactivados.
“Estos derribos son la culminación de un proceso que comienza con la denuncia de los vecinos, continúa con la investigación judicial y concluye con la eliminación de un espacio utilizado para actividades ilícitas. No se trata solamente de puntos de venta de drogas, sino también de lugares asociados a situaciones de violencia que afectan la vida cotidiana de los barrios”, sostuvo el funcionario.
La causa que derivó en el procedimiento fue impulsada por la Unidad Especializada en Microtráfico del MPA. Según explicó el fiscal César Cabrera, la investigación se inició a partir de denuncias realizadas al 911 y permitió corroborar la existencia de actividad vinculada a la comercialización de estupefacientes en el lugar.
De acuerdo con la pesquisa, en el predio funcionaba una estructura precaria destinada a la venta de drogas, mientras que la vivienda demolida era utilizada para almacenar y resguardar la sustancia. Durante los allanamientos se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para su distribución. Además, cuatro personas fueron detenidas en el marco de la investigación. Cabrera indicó que los acusados ocupaban roles menores dentro de la cadena de comercialización y señaló que aún no pudo determinarse a qué organización criminal respondían, aunque advirtió que este tipo de actividades suele estar vinculado a estructuras delictivas de mayor alcance.
