Un operativo de control realizado por el Gobierno de Santa Fe en una chatarrería de la zona oeste de Rosario terminó con el secuestro de cerca de cuatro toneladas de materiales cuya procedencia no pudo ser justificada. El procedimiento se llevó a cabo este jueves en un predio ubicado en Cerrito 4744, en el marco de una causa penal y como parte de la política de fiscalización que la Provincia mantiene sobre desarmaderos, locales de autopartes y establecimientos dedicados a la compra y venta de metales.
La inspección fue encabezada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) junto con la Dirección Provincial de Desarmaderos y Chatarrerías. Participaron el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; el director del Registro de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez; y el director de Aprad, Matías Domené.
Durante el procedimiento se decomisaron 1770 kilos de baterías, 558 kilos de cables envainados, 294 kilos de aluminio, 352 kilos de cobre, 50 kilos de cubiertas de automóviles y 450 kilos de materiales diversos. A ese volumen se sumaron autopartes y otros elementos, elevando el peso total de lo secuestrado a unas cuatro toneladas.
Según explicaron las autoridades, la intervención se produjo como resultado de una investigación iniciada tras controles previos realizados durante 2025. Los materiales hallados no pudieron acreditar su origen ni su trazabilidad, una condición exigida por la normativa vigente para este tipo de establecimientos. Por ese motivo quedaron a disposición de la Justicia y de los organismos provinciales competentes.
“Realizamos un operativo conjunto de la Dirección de Chatarrerías y la Aprad, en el que decomisamos cuatro toneladas de materiales que no podían justificar su trazabilidad”, señaló Figueroa Escauriza. El funcionario explicó además que, una vez concluido el proceso administrativo y judicial correspondiente, los materiales son compactados y reciclados para impedir que vuelvan a ingresar al circuito comercial informal.
Los controles sobre chatarrerías forman parte de una estrategia que el gobierno provincial puso en marcha a comienzos de 2024 con el objetivo de atacar uno de los eslabones de la cadena vinculada a los robos de cables, medidores, luminarias, tapas metálicas y otros elementos utilizados para su posterior venta como chatarra. La premisa, sostienen desde la administración santafesina, es desalentar el delito actuando sobre los canales de comercialización.
En ese sentido, Figueroa Escauriza afirmó que los procedimientos “están dando resultados positivos” y aseguró que las denuncias por sustracción de cables, alumbrado público, timbres y medidores de gas registraron una disminución cercana al 80 por ciento desde el inicio de los controles sistemáticos. “Estamos controlando a quien compra lo robado, porque si no hay quien compre, no hay quien robe”, sostuvo.
Por su parte, Rodríguez destacó que los operativos buscan impedir que materiales y autopartes provenientes de hechos ilícitos encuentren salida en el mercado. “Logramos cortar la comercialización de estos elementos y dificultar que los delincuentes tengan dónde colocarlos. Cuando el Estado controla la cadena de comercialización, los indicadores de estos delitos comienzan a bajar”, afirmó.
Desde la Provincia remarcaron que las inspecciones continuarán en distintos puntos del territorio santafesino y anticiparon que seguirán profundizando los controles sobre establecimientos vinculados al comercio de metales y autopartes, considerados sectores clave en la prevención de este tipo de delitos.
