Una rosarina que reside en Los Ángeles, Estados Unidos, fue imputada por la Justicia Federal por su presunta participación en un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, ocurrido en barrio Martin. La acusación sostiene que una mujer fue sometida a tareas domésticas durante 22 años sin recibir remuneración, luego de haber sido captada cuando tenía 14 años en la provincia de Corrientes con la promesa de acceder a estudios en Rosario.
La audiencia de formalización se realizó por videoconferencia y estuvo a cargo de la fiscal Adriana Saccone, titular de la Unidad Fiscal Rosario, junto a las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y Delitos Complejos. El trámite se desarrolló ante el juez de Garantías Román Lanzón.
El caso salió a la luz en octubre pasado, cuando personal de la Policía Federal Argentina rescató a la víctima en una vivienda ubicada en Montevideo al 100. La mujer, que hoy tiene 37 años, permanecía en ese domicilio desde su adolescencia.
Medidas judiciales y alcance de la imputación. Durante la audiencia, las fiscales solicitaron la detención y extradición de la imputada, identificada como E. S. S. No obstante, el juez Lanzón dispuso una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva por el plazo de un año: fijación de domicilio, firma mensual en el consulado argentino más cercano a su lugar de residencia, prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima. El magistrado también rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa, a cargo del abogado Gustavo Feldman.
La víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, y contó con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario del Área de Atención a Víctimas del Ministerio Público Fiscal, integrado por la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio, bajo la coordinación del fiscal Andrés Montefeltro.
Según la acusación, E. S. S. es considerada presunta autora de conductas penalmente relevantes en el período comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2025. Las fiscales sostuvieron que, en ese lapso, la imputada asumió el control de la vivienda y de las decisiones cotidianas, tras el deterioro de la salud de su madre —también investigada en la causa—, y continuó el esquema de explotación.
Captación en Corrientes y traslado a Rosario
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la víctima fue captada en 2003 en la localidad correntina de Tres Bocas, en un contexto de extrema vulnerabilidad. Tras la muerte de su padre, su madre —sin recursos para sostener la crianza de nueve hijos— autorizó el traslado de su hija mayor a Rosario, luego de que le prometieran una mejor calidad de vida y la posibilidad de estudiar.
El ofrecimiento habría sido realizado por una mujer identificada como D. M. G., ya fallecida, cercana a la familia, quien propuso llevar a la adolescente a la casa de una prima en Rosario. En ese marco, la madre fue trasladada a una escribanía donde firmó un acta notarial que autorizaba el traslado. Según indicaron las fiscales, la mujer no sabía leer y firmó el documento sin comprender su contenido ni contar con personas de confianza que la asistieran.
La adolescente llegó a Rosario en colectivo y fue recibida por J. E. G. S., madre de la actual imputada, en el domicilio de Montevideo al 100. La promesa inicial nunca se concretó: la joven no fue escolarizada y comenzó a realizar tareas domésticas de manera permanente.
Explotación prolongada y control a distancia
Según la acusación, durante más de dos décadas la víctima realizó tareas de limpieza, lavado, planchado, cocina, mantenimiento del hogar, compras y administración de pagos, además de la asistencia personal de la dueña de casa. Todo ello a cambio de alojamiento, comida y algo de ropa, sin salario ni derechos laborales.
Las fiscales señalaron que, a partir de 2022, cuando la madre de la imputada comenzó a sufrir problemas de salud, E. S. S. asumió la gestión integral de la vivienda y profundizó el control sobre la víctima. En ese período, se incrementaron las tareas asignadas, incluyendo el cuidado no terapéutico de la mujer enferma.
Para supervisar el cumplimiento de las tareas desde Estados Unidos, la imputada habría instalado 16 cámaras de seguridad en el inmueble y entregado un teléfono celular a la víctima para impartir instrucciones.
Siempre según la investigación, la mujer trabajó durante años en jornadas completas, sin descansos, vacaciones ni aguinaldos, sin aportes previsionales ni cobertura de salud, y sin posibilidad de mantener vínculos sociales por fuera del domicilio.
En relación a la situación de J. E. G. S., madre de la imputada, el Ministerio Público Fiscal aguarda un informe médico para determinar si se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal.
