La investigación por el millonario fraude con fondos destinados al combustible policial en Rosario ingresó en una etapa decisiva. De cara a la audiencia preliminar al juicio oral, la Fiscalía presentó pedidos de pena para 19 policías provinciales y dos civiles acusados de integrar una estructura montada dentro de la Unidad Regional II para desviar dinero público mediante sobrefacturación y cargas ficticias de combustible.
El fiscal José Luis Caterina solicitó 12 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Regional II Daniel Acosta, a quien señaló como el máximo responsable de una asociación ilícita que, según la acusación, operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025. También pidió 14 años para Daniel Domínguez, ex secretario privado de Acosta y considerado por la investigación como el principal organizador operativo del entramado. Para la empresaria Mónica Bianconi, titular de la estación de servicios Gas Auto Tiferno, ubicada en Ovidio Lagos al 3900, la Fiscalía requirió una pena de 8 años de cárcel.
La causa, que sacudió a la cúpula policial rosarina hace un año, ya cuenta con un escrito acusatorio de más de 300 páginas. Allí se detallan maniobras de peculado, defraudación al Estado, cohecho y asociación ilícita, además de pedidos de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para todos los imputados alcanzados por el delito de peculado.
Entre los acusados que permanecen detenidos aparecen varios ex jefes policiales de peso dentro de la estructura operativa de Rosario. Además de Acosta y Domínguez, figuran Diego Santamaría, ex jefe del Comando Radioeléctrico; Héctor Saucedo, ex jefe de la Brigada Motorizada; Juan Alberto Villordo, numerario de Motorizada; Diego Luna, integrante del Cuerpo Guardia de Infantería; Roberto Blanco, de la Sección Logística, y Juan Manuel Herrera, subjefe de Motorizada. Las penas solicitadas para ellos van desde los 5 hasta los 7 años de prisión.
Según la reconstrucción fiscal, la maniobra consistía en generar consumos inexistentes o inflados utilizando tarjetas Visa Flota asignadas a móviles policiales. La operatoria se realizaba en connivencia con la estación de servicios Tiferno, desde donde se emitían facturaciones irregulares y luego se repartían retornos económicos entre integrantes de la organización.
La investigación incorporó una extensa batería de pruebas. Entre ellas, informes de GPS que detectaron cargas de combustible en patrulleros que nunca salieron de sus dependencias, e incluso en vehículos fuera de servicio o incendiados. También se sumaron registros fotográficos de policías retirando sobres con dinero de la estación de servicio, el secuestro de 25 millones de pesos y neumáticos robados en domicilios particulares, además de más de 300 tarjetas Visa Flota y un posnet hallados en la vivienda de uno de los imputados.
Uno de los puntos centrales de la acusación es el rol que habría tenido Acosta dentro del esquema. Para Caterina, el ex jefe policial diseñó la estructura incluso antes de asumir la conducción de la URII, ubicando en puestos estratégicos a hombres de confianza. El fiscal sostuvo que, aunque se mantenía alejado de la ejecución directa por su jerarquía, estaba al tanto de toda la operatoria y avalaba pedidos extraordinarios de combustible utilizando como argumento la emergencia en seguridad y el incremento del patrullaje.
La acusación también señala que Acosta habría utilizado mecanismos de presión interna para garantizar el funcionamiento del circuito ilegal. Según la Fiscalía, condicionaba la continuidad de jefes policiales, manejaba información sobre controles internos y avalaba un sistema informal de “multas” para exigir retornos económicos a distintas secciones operativas.
Respecto de Domínguez, la investigación lo ubica como el encargado de sostener el funcionamiento cotidiano de la organización. Caterina afirmó que utilizaba su cargo en la Secretaría Privada para disciplinar mandos medios y subordinados, exigir pagos y aplicar represalias o traslados a quienes no se alineaban con el esquema. También sostuvo que supervisaba personalmente la recaudación ilegal y mantenía contacto permanente con los encargados de las cargas y de la distribución del dinero.
La causa podría sumar nuevos capítulos en las próximas semanas. Fuentes judiciales indicaron que existen negociaciones avanzadas para cerrar al menos cuatro acuerdos abreviados, tres de ellos con imputados colaboradores que aportarían información adicional sobre el funcionamiento interno de la maniobra.
