La Justicia ordenó la conformación de una junta médica especial para evaluar el estado mental del hombre de 48 años detenido el domingo pasado en la zona oeste de Rosario, acusado de abusar y torturar a una joven de 23 años, a quien mantuvo desnuda y encadenada con un collar para perros.
Durante la audiencia imputativa realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal, un médico forense concluyó en un primer informe que el acusado no comprendía la criminalidad de sus actos, lo que podría derivar en una declaración de inimputabilidad.
El episodio ocurrió en una vivienda de Eva Perón al 6300, donde vecinos alertaron al 911 al ver a la mujer desnuda en plena calle pidiendo ayuda junto al agresor. Al llegar, la policía la halló atada con una cadena metálica, mientras el hombre intentaba arrastrarla nuevamente hacia el interior de su casa. Fue reducido tras un forcejeo y quedó detenido. En el lugar se secuestraron una cadena con collar de perro, una tijera escolar con mango violeta, una billetera, un celular y un juego de llaves.
La víctima fue asistida por el Sies y trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se le diagnosticó un traumatismo en el brazo y se constató que había sido abusada sexualmente y retenida contra su voluntad.
El acusado —identificado con las iniciales P.F.I.— permanecerá detenido en una dependencia del Servicio Penitenciario, con seguimiento de salud mental y bajo orden judicial. La junta médica tendrá un plazo de 60 días para presentar un informe definitivo, tras el cual el juez resolverá si se lo declara inimputable o continúa el proceso penal.
El caso provocó preocupación y debate público por su similitud con otro hecho reciente: el crimen de Lucas Cicarelli, el joven de 30 años que murió al caer por la barranca del río Paraná durante un asalto en la zona de Moreno y el río, cuando intentó defender a su novia. En esa causa, uno de los dos acusados —Pablo Ismael Ibáñez, con 14 detenciones previas por robo— también fue considerado inimputable por un perito forense.
Ambos casos, ocurridos con apenas días de diferencia, exponen la tensión entre la salud mental, la reincidencia delictiva y la responsabilidad penal, en un contexto donde la opinión pública exige respuestas sobre cómo se garantiza la seguridad y la atención psiquiátrica de personas con conductas violentas.
Desde distintos sectores del ámbito judicial y político se plantea la necesidad de revisar los protocolos de evaluación y seguimiento de personas con antecedentes psiquiátricos que cometen delitos graves, así como el funcionamiento de los dispositivos de internación judicial.
