Cuatro pistolas involucradas en una causa penal de alto voltaje fueron robadas durante la feria de verano de un cajón sin llave de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que se encuentra en el primer piso del Centro de Justicia Penal de Rosario. Tras el robo se abrió una investigación penal que quedó en manos de la fiscal Paola Aguirre, que dispuso una serie de medidas para tratar de identificar a los sospechosos.
Se trata, curiosamente, de un edificio en el que se deciden las causas judiciales y uno de los más custodiados de toda la región, con toda la manzana cortada al tránsito.
Las armas se encontraban en el depósito dependiente de la Fiscalía tras las pericias realizadas para la investigación de un crimen por el que estaban imputados dos hermanos policías. El 27 de agosto pasado fueron retiradas por personal de la Oficina de Gestión Judicial porque debían ser objeto del juicio contra los agentes Franco Hugo y Víctor Oscar Villarruel, sospechados por el asesinato de Matías Sosa, ex cuñado de Franco Hugo.
Ese juicio empezó el 17 de noviembre y culminó el 1° de diciembre pasado con las condenas de Franco Hugo Villarruel a 23 años de prisión y Víctor Oscar Villarruel a otros 20 años. El tribunal de ese debate oral y público, integrado por los jueces Rafael Coria, Silvia Castelli y María Isabel Mas Varela, ordenó la destrucción de una pistola calibre 9 milímetros y otra, calibre 380. Las reglamentarias, según esa resolución, debían ser devueltas al Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Así, el 2 de diciembre, personal de la Oficina de Gestión Judicial fue al depósito de armas del Ministerio Público de la Acusación. Pero el reingreso no se concretó porque el oficio estaba confeccionado de forma “incorrecta e incompleta”, según confirmaron fuentes oficiales.
Por ese motivo, las cuatro pistolas volvieron a la Oficina de Gestión Judicial, al primer piso del Centro de Justicia Penal de Rosario. Fueron dejadas en un cajón sin llave durante toda la feria judicial de verano. El robo fue luego detectado por una empleada de la OGJ al regreso de su licencia, lo que dio inicio a la investigación penal que tiene a cargo la fiscal Aguirre.
Así, la fiscal ordenó una serie de medidas para saber cómo fue el proceso que dio la Oficina de Gestión Judicial a las armas y el resguardo. Además, pidió las imágenes de las cámaras de videovigilancia internas del edificio judicial, y también solicitó la información de quiénes tuvieron acceso a esa oficina durante el receso de verano.
Esa investigación se mantuvo en reserva hasta el jueves de la semana pasada, cuando una de las cuatro armas robadas fue localizada en el interior de un presunto “aguantadero” de Flor de Nácar y Calle 513, en barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario. Estaba dentro de un bolso junto a una vieja ametralladora FMK3 más unas 150 municiones de distintos calibres.
Llamó la atención en los uniformados que hicieron el procedimiento que la pistola tenía la numeración completa: “TBU30283″. Al consultar las bases de datos, la inscripción de esa Taurus dio rápidamente la respuesta: pertenecía a uno de los hermanos policías condenados el 1° de diciembre pasado.
El operativo que derivó en la pistola en cuestión ocurrió porque dos agentes del Comando Radioeléctrico persiguieron a un Fiat Cronos rojo que había sido implicado en varias balaceras ocurridas a finales de marzo en la zona sur del Gran Rosario. En un momento del procedimiento lo perdieron de vista. Minutos después, lo ubicaron en ese presunto “aguantadero” junto a un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Voyage negro, también mencionados en ataques a tiros en ese distrito de la ciudad.
