Diez agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron enviados a prisión preventiva efectiva por la jueza penal María Melania Carrara. Los uniformados enfrentan graves acusaciones, que incluyen allanamientos sin autorización, robos, plantación de pruebas y abuso de autoridad en distintos procedimientos realizados entre marzo y diciembre de 2023. La resolución fue emitida tras una audiencia que se extendió durante tres días en el Centro de Justicia Penal rosarino.
La investigación está a cargo de los fiscales provinciales Karina Bartocci y José Luis Caterina, quienes detallaron una decena de casos que involucran a los imputados. Entre ellos, Luis Alberto Pais, Gastón Nicolás Mendoza, María Eva Tenallia y otros miembros del cuerpo policial, algunos con antecedentes de notoriedad pública. Los fiscales argumentaron que estos operativos no solo vulneraron derechos, sino que también perjudicaron a víctimas inocentes, quienes estuvieron detenidas injustamente durante semanas e incluso meses.
Irregularidades documentadas
Uno de los casos más graves ocurrió en Villa La Bombacha, donde tres agentes ingresaron sin autorización a propiedades privadas, robaron dinero y pertenencias personales, y plantaron armas para justificar las detenciones. En otros episodios, los uniformados irrumpieron en viviendas de barrios como Alvear, Las Flores y Parque Casas, en algunos casos robando sumas significativas de dinero o bienes y, en otros, lesionando a los habitantes.
Un modus operandi recurrente señalado por los fiscales fue la fabricación de actas policiales falsas para encubrir estas acciones. Los procedimientos irregulares incluían persecuciones inventadas y el uso de armas colocadas deliberadamente en las escenas para incriminar a las víctimas.
Procedimientos bajo la lupa
Entre los operativos cuestionados destaca uno ocurrido en barrio Vía Honda, donde los agentes fueron acusados de robar 130 mil pesos a un hombre, golpeándolo y disparando contra vecinos que intentaron intervenir. Otro caso relevante es el allanamiento en un comercio de barrio Puente Gallego, de donde sustrajeron seis millones de pesos y destruyeron pruebas de video.
Según los fiscales, estas prácticas fueron sistemáticas y estuvieron orientadas a enriquecerse ilegalmente mientras abusaban de su posición de poder. Las pruebas aportadas incluyen análisis de GPS, relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios que contradicen las versiones policiales presentadas en las actas.
