Un nuevo derribo de un inmueble vinculado a hechos violentos se realizó este viernes en Rosario. La intervención tuvo lugar en Fonseca al 5600, en barrio Saladillo, donde hasta hace poco funcionaba un espacio tomado que generaba conflictos y había sido escenario de un homicidio semanas atrás.
La medida se enmarca en la aplicación de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023, que habilita la inactivación de lugares ligados al narcomenudeo o a la violencia urbana. Según datos oficiales, en 20 meses ya se concretaron 70 operativos de este tipo en la provincia, de los cuales 50 se realizaron en Rosario.
El inmueble derribado pertenecía al municipio y en el pasado había sido utilizado como sede de una vecinal. Tras la pandemia quedó abandonado y fue ocupado, convirtiéndose en foco de delitos y reclamos vecinales. La demolición se hizo con maquinaria municipal y presencia de autoridades provinciales y locales.
Más detalles. La intervención estuvo encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, acompañados del secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Diego Herrera, quienes supervisaron las tareas realizadas con personal y maquinaria del municipio.
“Estamos recobrando niveles de seguridad y paz en la provincia de Santa Fe, pero todavía queda mucho por hacer y seguimos tratando el tema con mucha responsabilidad. Esta es una pata fundamental del Gobierno, pero seguimos afianzando el método en materia de seguridad, nuestra política de seguridad, y demostrándole a la gente que esto es de largo plazo. Tenemos que ir recobrando todos los días un poco más la paz que necesitamos para vivir”, remarcó Scaglia.
A su vez, el ministro Cococcioni contó que el inmueble derribado en Rosario “es municipal, por lo cual no hizo falta ni siquiera la autorización judicial, porque el Gobierno tiene la potestad administrativa de inactivarlo y de disponer del lugar”. “Acá funcionaba una vecinal, dejó de ser utilizado y ya luego de la época de pandemia apropiado, y en este marco se desarrollaron varias actividades ilegales, foco de molestia y de delito para todo el barrio. Hace poco más de dos semanas en este mismo lugar hubo un homicidio”, amplió.
“En estos 20 meses de la Ley de Microtráfico tenemos 70 inactivaciones de puntos de ventas de estupefacientes, de las cuales 50 fueron en Rosario. Luego empezamos también en Santa Fe, en la zona de Frontera (Departamento Castellanos), en otras localidades del sur provincial, y esto es algo que lleva tranquilidad a los vecinos”, apuntó el funcionario de la cartera santafesina.
“Son lugares donde directamente el Estado parecía que no podía entrar, donde mandaban los narcotraficantes, y es territorio que se recupera, donde los vecinos ya no tienen que pedir permiso para hacer su vida pacífica y libremente. Esto es algo que vamos a continuar en conjunto con otras acciones”, finalizó.
Por su parte, Diego Herrera detalló también que el inmueble de barrio Saladillo “en una época tenía una función social, luego hace muchos años dejó de serlo y estaba siendo un lugar muy inseguro para los vecinos, teníamos muchas quejas, muchos reclamos en el Distrito por la situación. La idea es no solamente derribarlo, sino después hacer una intervención y mejorar el espacio”.
