Este lunes, el Tribunal conformado por los jueces Gonzalo Leiva, Hernán López Quintana y Mariano Manfrín condenó a Maite Anabel Fernández a 17 años de prisión efectiva por el delito de homicidio en ocasión de robo. La sentencia se dictó al término de un juicio oral que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
La causa investigó un crimen ocurrido el 11 de mayo de 2022, en horas de la mañana, cuando Carlos Luciano González, un jubilado de 78 años, fue brutalmente asesinado en su vivienda ubicada en calle Castellanos al 2300, en el sudoeste rosarino. Según detalló en el juicio el fiscal Lisandro Artacho, la acusada, de 32 años, ingresó al domicilio del hombre y lo atacó con dos armas blancas, provocándole al menos 28 heridas punzocortantes en la zona torácica. Las lesiones le causaron una muerte rápida producto de un shock hipovolémico.
Artacho remarcó que existen registros fílmicos que muestran a Fernández en el ingreso y egreso del domicilio de la víctima, cuyo cuerpo fue hallado cuatro días después gracias al llamado de vecinos que indicaban que salía “mal olor” del domicilio. El fiscal también enfatizó que el crimen “no fue un accidente ni un exceso”. Es más, aseguró que la sospechosa se aprovechó de la vulnerabilidad del hombre, que trabajaba como sereno en una fábrica de mármol, a quien frecuentaba y conocía.
Luego del ataque, Fernández se apoderó del teléfono celular de la víctima antes de retirarse de la escena. Ese elemento, junto a la contundencia de la prueba forense y testimonial recolectada en la investigación, permitió enmarcar el hecho bajo la figura penal de homicidio en ocasión de robo, una calificación que contempla penas de hasta 25 años de cárcel.
Durante el juicio oral, iniciado el pasado 7 de julio, la Fiscalía sostuvo que la acusada actuó con pleno conocimiento de sus actos y pidió una pena de 20 años de prisión. La defensa, en cambio, intentó cuestionar la imputación, pero no logró refutar la solidez del relato acusatorio ni los informes periciales incorporados al expediente.
Los jueces, tras analizar todas las pruebas presentadas, consideraron acreditada la autoría de Fernández y dictaron una pena de 17 años de cárcel, desestimando agravantes adicionales, pero valorando la violencia del ataque y el aprovechamiento de una persona mayor como víctima.
La sentencia representa una respuesta judicial ante un hecho especialmente doloroso que involucró a un adulto mayor —una población frecuentemente vulnerable frente a delitos violentos— y que generó conmoción en el barrio en su momento.
