Una estructura de desvío de fondos públicos montada desde las entrañas de la fuerza policial provincial quedó al desnudo en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal José Luis Caterina imputó este martes a 13 agentes policiales y 4 civiles por un entramado de maniobras fraudulentas que, según la investigación, provocó un perjuicio mensual al Estado de al menos 45 millones de pesos en los últimos diez meses.
La operatoria se basaba en dos maniobras: sobrefacturación de combustible y simulación de cargas a vehículos que, en muchos casos, estaban fuera de servicio o directamente inmovilizados. Patrulleros que no se movían del depósito, sin GPS ni uso registrado, aparecían en los sistemas con consumos de nafta diarios. En algunos casos, hasta se cargaban más litros de los que el vehículo podría haber necesitado según su kilometraje.
- La maniobra se concentraba principalmente en la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, a pocas cuadras de la Jefatura. Según los registros, allí se ejecutaban las cargas simuladas y se entregaba dinero en efectivo a los policías implicados, muchas veces en sobres o cajas.
El principal acusado es el comisario Gerardo Ramírez, responsable de la distribución de combustible en la Unidad Regional II, quien habría operado junto a otros altos mandos, como Juan Pablo Pigozzi (Brigada de Orden Urbano), Rodrigo Domínguez (Secretaría Privada de la URII), Fabián Fantín y Mario Brest (Caballería y Perros). La lista de imputados también incluye a agentes de distintas divisiones: Logística, PDI, Infantería, Comando Radioeléctrico, Grupo Táctico Multipropósito y Motorizada.
La acusación fue respaldada con múltiples pruebas: planillas adulteradas, intervenciones telefónicas, documentación secuestrada durante los allanamientos e incluso registros fotográficos de los policías retirando dinero en las oficinas de la estación de servicio. Uno de los casos más llamativos fue el hallazgo de más de 300 tarjetas “Visa Flota” —destinadas a cargar combustible— en el domicilio de uno de los imputados, junto a un posnet de la propia estación Puma.
Del lado civil, fueron imputados cuatro personas vinculadas a la firma “Gas Auto Tiferno S.A.”, que administra la estación: su presidenta Mónica Bianconi, el director suplente Oscar Coullery, el encargado Daniel Reynoso y una empleada administrativa, María Fernanda De Franco. A ellos se los acusa de haber sostenido un acuerdo ilícito con los uniformados, mediante el cual entregaban dádivas en forma periódica a cambio de participar en la maniobra.
Las pruebas más recientes indican que vehículos fuera de servicio fueron dotados con GPS a fines de octubre de 2024. A partir de entonces, se comprobó que nunca abandonaron el predio policial, pero figuraban como si hubiesen cargado combustible entre octubre y noviembre. En uno de esos casos, una camioneta Ford Ranger figuraba con gastos por más de 250 mil pesos, sin haber sido siquiera encendida.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para 16 de los 17 imputados. Sólo se pidió una excepción para De Franco, quien habría tenido un rol secundario. La audiencia continuará este miércoles, cuando el juez Gustavo Pérez Urrechu deberá definir si accede al pedido fiscal.
