Otro grave atentado perpetrado en Rosario. A la balacera cometida contra la sucursal del banco Macro de Saavedra se sumó un ataque a tiros en la madrugada de este miércoles contra el hospital de emergencias Clemente Álvarez, cuyo personal restringió la atención médica después del hecho.

En ambos casos que se dieron con pocas horas de diferencia, los sicarios dejaron notas dirigidas al gobernador Maximiliano Pullaro, a quien amenazaron de muerte de parte del Pabellón 9 de la cárcel de Piñero. Las intimidaciones podrían tener relación con la reubicación de presos de alto perfil que tuvo lugar en las últimas horas.

Gatilleros que se desplazaban en moto abrieron fuego por calle Vera Mujica. En el lugar, la Policía incautó una sola vaina servida que será enviada a peritar. También dejaron un cartón escrito, situación idéntica a la que se dio este martes en la puerta del Macro de barrio Cura, donde los agresores realizaron cuatro tiros contra el frente del inmueble.

• La subdirectora del Heca, Andrea Becherucci, informó que por seguridad, de modo preventivo y temporalmente, cerraron la atención a pacientes ambulatorios pero abierta la puerta de emergencias. De hecho, señaló, poco después del ataque atendieron una urgencia por un accidente de tránsito.

“Fue una medida de seguridad para el personal que estaba trabajando y circulando –explicó–, en esa zona circula la gente que va a acceder al hospital, lo que hicieron fue cerrar las puertas porque era un peligro, se limitó la entrada y la admisión a los pacientes que vienen de forma ambulatoria pero no la emergencia”, manifestó. “Es muy triste ver lo que sucede” porque se trata de “una amenaza contra un lugar muy importante” para la sociedad, indicó.

Desde la cuenta oficial del gobierno santafesino publicaron un mensaje alusivo a los ataques en nuestra ciudad: «Santafesinos: tenemos una decisión y no vamos a ceder en las acciones de gobierno hasta lograr que nadie cometa delitos desde la cárcel. Es el compromiso que asumimos para lograr la paz y la tranquilidad que merecemos».

A su vez, la vicegobernadora Gisela Scaglia publicó en las redes sociales: «No hay amenaza que nos desvíe del objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad para los santafesinos. Todos los hombres y mujeres de este gobierno tenemos la convicción, la fuerza, el carácter y apoyamos a nuestro gobernador Maximiliano Pullaro sin dudarlo un segundo».

En la misma línea se expresó el ministro de Seguridad y Justica de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni: «Nosotros tenemos un programa de trabajo y de ninguna manera vamos a permitir que unos criminales nos muevan un milímetro de las acciones y objetivos estratégicos». Sobre estas acciones delictivas, afirmó además: “Son reacciones que estaban dentro de lo previsto porque evidentemente el régimen penitenciario en estos cuatro años se configuró como sumamente laxo. Se debilitaron todos los controles internos”. “Vamos a recobrar la paz pública”, dijo con énfasis.

Más tarde, la ministra de Seguridad de la Nación, que ya había expresado su solidaridad con Pullaro tras el ataque al banco, se refirió al nuevo hecho perpetrado en el Heca: «No nos van a amedrentar. Rosario. Otra amenaza mafiosa más hacia el gobernador. Están desesperados porque se les termina la fiesta de ser dueños de la gente. Quiero que sepan que junto al gobernador estamos trabajando a fondo contra las mafias e investigando para dar con estos responsables, que se creen dueños de la provincia. Con nosotros, el que las hace, las paga».

Más traslados de presos

Unos 86 presos que estaban alojados en distintas comisarías rosarinas fueron trasladados a diferentes unidades penitenciarias en la mañana de este miércoles. Se trata de una medida ya anunciada por el gobierno provincial con el objetivo de bajar el número de reclusos detenidos en seccionales –donde hubo este año fugas, motines y problemas entre internos como consecuencia de la sobrepoblación carcelaria– y de disminuir la actividad de los agentes en dependencias policiales.

Los operativos se iniciaron pasadas las 7 en la comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino, la 12ª de Casilda y Solís, y la 32ª de Calle 1.731 al 7700. Luego, se espera que se concrete otro en una seccional de una vecina ciudad que también tiene una gran sobrepoblación carcelaria.

Personal del Servicio Penitenciario y grupos tácticos participaron en los procedimientos, que tienen por objetivo reducir la actividad de los agentes dentro de las comisarías, en este caso, por custodia. Dicha resolución se tomó en sintonía con la suspensión de tareas administrativas en las seccionales por el plazo de 90 días y la revisión de móviles en distintos talleres con técnicos mecánicos que tienen la orden de buscar reincorporar patrulleros que podrían repararse a la brevedad.