La actuación de una fiscal rosarina en una causa de violencia de género que terminó con una mujer asesinada quedó al borde de una sanción disciplinaria. La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina deberá resolver este jueves la situación de la fiscal María Verónica Ballari, cuestionada por presuntas demoras en la tramitación de denuncias realizadas por Ailén Oggero, una mujer de 32 años asesinada en febrero de 2025 en la zona oeste de Rosario.
La medida fue impulsada por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, que analizó la intervención de la funcionaria judicial en las denuncias presentadas por la víctima contra su ex pareja, Jonathan Omill. Según trascendió, la sanción prevista sería una suspensión de tres meses sin goce de sueldo, aunque la decisión final quedará en manos de los legisladores que integran la comisión.
El caso adquiere una fuerte carga simbólica por el contexto en que se produce. En la antesala de una nueva movilización de Ni Una Menos, la posible sanción vuelve a poner en debate la respuesta institucional frente a las denuncias por violencia de género y los mecanismos de protección disponibles para las víctimas que advierten situaciones de riesgo.
Ailén Oggero había denunciado en reiteradas oportunidades a Omill por distintos episodios de hostigamiento, amenazas y violencia. De acuerdo con las presentaciones judiciales, el hombre la seguía, ingresaba a su vivienda sin autorización, la agredía físicamente y continuaba acosándola pese a que sobre él pesaba una restricción de acercamiento. Sin embargo, la principal medida de protección adoptada durante ese período fue justamente esa prohibición de contacto.
El 18 de febrero de 2025, cuando salía de su casa de Prusia al 6700 para dirigirse a su trabajo en el Hospital Centenario, Ailén fue asesinada a tiros. Sus hijos, de 11 y 4 años, escucharon las detonaciones y al salir a la calle encontraron a su madre sin vida. El crimen conmocionó a Rosario y generó reclamos de familiares y organizaciones que señalaron la existencia de denuncias previas que advertían sobre la situación de violencia que atravesaba.
Recién después del femicidio, Jonathan Omill fue detenido e imputado por hechos de violencia de género. Sin embargo, hasta el momento no quedó formalmente vinculado a la investigación por el homicidio. Desde el primer día, familiares y allegados de la víctima lo señalaron como principal sospechoso, aunque la causa no registró avances significativos ni imputaciones por el crimen a más de un año del hecho.
Uno de los elementos que complejizó la investigación fue la posibilidad de que el asesinato hubiera sido ejecutado por terceros. Si bien Omill aseguró que al momento del ataque se encontraba trabajando en la planta de Vicentin en San Lorenzo, los investigadores nunca descartaron que pudiera haber actuado como instigador. Esa hipótesis tomó fuerza por la modalidad del ataque y por los vínculos que el hombre mantenía con personas relacionadas con organizaciones narcocriminales.
En ese contexto surgieron referencias a conexiones con integrantes del entorno de la banda de René “Brujo” Ungaro y con Jésica González, una mujer investigada por narcotráfico y vinculada además a otros actores del crimen organizado de la región. Los investigadores evaluaron durante meses la posibilidad de que el femicidio hubiera sido ejecutado con una logística propia de estructuras criminales, aunque esa línea tampoco produjo resultados concretos hasta el momento.
Mientras la causa por el asesinato continúa sin responsables identificados, la discusión se trasladó al plano institucional. La posible suspensión de Ballari se transformó en uno de los casos más sensibles para el sistema judicial santafesino, ya que pone bajo análisis la actuación de los organismos encargados de intervenir ante denuncias de violencia de género y plantea interrogantes sobre las respuestas que reciben las víctimas cuando buscan protección del Estado.
