El rechazo del Parlamento Europeo a la normativa que pretendía clasificar a la soja argentina como cultivo de “alto riesgo ILUC” (Cambio Indirecto del Uso del Suelo) fue recibido en Santa Fe como una decisión estratégica para el futuro de la industria del biodiésel. Desde el gobierno provincial destacaron que la resolución evitó una nueva barrera comercial que podía excluir al biodiésel argentino de los objetivos de energías renovables de la Unión Europea y poner en riesgo exportaciones estimadas en unos US$ 390 millones anuales.
La administración santafesina atribuyó el resultado a un trabajo sostenido entre la Provincia, la Cancillería, cámaras empresarias, universidades y organismos técnicos, que durante los últimos meses impulsaron una defensa técnica de la producción nacional frente a las autoridades europeas. Para Santa Fe, además del impacto económico inmediato, la decisión representa un reconocimiento a la sustentabilidad del sistema productivo argentino y a la importancia de basar las regulaciones ambientales en evidencia científica.
Tras conocerse la resolución, el gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que “es fruto de un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el gobierno nacional y el sector privado. Juntos defendimos a nuestra soja, a nuestro campo y a nuestra industria del biodiésel”. También recordó las gestiones realizadas ante la Cancillería para respaldar la posición argentina y sostuvo que la Provincia continuará promoviendo “una matriz energética más sustentable, que cuide el ambiente, impulse la producción, genere empleo y agregue valor a nuestra materia prima”.
Una industria clave para Santa Fe. La decisión europea tiene un impacto directo sobre la economía santafesina. La provincia concentra históricamente más del 80% de la capacidad instalada de producción de biodiésel del país y reúne a gran parte de las plantas exportadoras del complejo oleaginoso. Un eventual cierre del mercado europeo no sólo habría afectado el ingreso de divisas, sino también la actividad industrial, el empleo y las inversiones vinculadas a toda la cadena de valor.
En ese contexto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que “este resultado demuestra que cuando el Estado provincial asume un rol activo puede obtener logros que impactan directamente en el empleo, las inversiones y las exportaciones”. Además, remarcó que eliminar esa amenaza comercial era fundamental para preservar la competitividad de uno de los principales complejos industriales de la provincia.
Defensa técnica de la soja argentina. Uno de los pilares de la estrategia impulsada por Santa Fe fue la elaboración de un dossier técnico presentado ante las autoridades nacionales y europeas. El informe reunió evidencia científica para demostrar que la producción argentina de soja no debía ser considerada de “alto riesgo ILUC”, ya que no implica una expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos.
El documento también expuso que el biodiésel argentino reduce cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto del gasóleo de origen fósil, consolidándose como una alternativa de menor impacto ambiental dentro de la transición energética. El trabajo fue elaborado en conjunto con cámaras empresarias, universidades y organismos nacionales especializados, que aportaron información técnica y productiva para respaldar la posición argentina durante las negociaciones con la Unión Europea.
Próximo objetivo: una nueva Ley de Biocombustibles
Superada esta instancia internacional, el gobierno provincial considera que el desafío pasa ahora por fortalecer el mercado interno. Por ese motivo volvió a reclamar al Congreso el tratamiento de una nueva Ley de Biocombustibles que permita aprovechar la capacidad instalada de una industria que actualmente registra niveles de ociosidad de entre el 50% y el 65%.
La propuesta impulsada por Santa Fe contempla elevar de manera inmediata el corte obligatorio de biodiésel al 15% (B15), con una transición automática al 20% (B20) cuando las condiciones económicas lo permitan. También propone incorporar el Diésel Renovable (HVO) y el Combustible Sustentable de Aviación (SAF) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de establecer una distribución más equilibrada del mercado interno entre plantas integradas y no integradas.
Para Puccini, consolidar el acceso al mercado europeo es apenas una parte del desafío. El ministro sostuvo que Argentina importa cada año alrededor de 1500 millones de litros de gasóleo que podrían ser reemplazados por biodiésel de producción nacional, una medida que permitiría reducir importaciones, generar más empleo y agregar valor a la producción agroindustrial del país.
