Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos dieron este viernes un paso institucional inédito: por primera vez, ambas provincias emitieron resoluciones complementarias para regular de manera conjunta la actividad pesquera en el río Paraná. El acuerdo establece un marco común de sostenibilidad, orientado al cuidado de la fauna ictícola, la preservación ambiental y la protección del trabajo de los pescadores artesanales. La medida se inscribe en el proceso de integración de la Región Litoral y forma parte del Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola de Santa Fe.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático santafesino, Enrique Estévez, destacó que el nuevo esquema es el resultado de un trabajo conjunto con actores del sector de ambas provincias: “Una medida coordinada siempre es más eficaz que una acción aislada. Este esquema nos permite proteger la biodiversidad del Paraná con reglas comunes y sostenibles para todos”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, valoró la importancia de alinear regulaciones en un recurso compartido: “La coordinación con Entre Ríos nos permite ordenar la actividad y darle sostenibilidad en el tiempo. Cuando actuamos con criterios comunes, fortalecemos a todo el sector y cuidamos un recurso vital para la economía regional y para sostener la vinculación con los mercados internacionales”.
Desde la costa entrerriana, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, coincidió en la necesidad de sostener un modelo ambientalmente responsable: “Trabajamos con un objetivo definido por los gobernadores: la defensa del recurso natural. Estamos avanzando hacia un modelo sostenible y en diálogo permanente con todos los sectores”.
Medidas acordadas
Santa Fe emitirá una nueva resolución —que reemplazará a la Nº 332/2025— con un cupo máximo de captura de 900 toneladas para el trimestre enero–marzo de 2026, en sintonía con la normativa entrerriana. También se establece una veda temporal de pesca comercial de sábalo del 20 de diciembre al 20 de enero en ambas márgenes del río.
El cupo definitivo anual será definido en la Audiencia Pública del 16 de diciembre de 2025, instancia participativa que reúne a pescadores, cooperativas, frigoríficos y equipos técnicos para evaluar resultados y definir criterios de manejo.
Entre Ríos, a su vez, adecuó su régimen de prohibiciones semanales y equiparó los días de veda con Santa Fe: sábados, domingos, lunes y feriados. Esta unificación apunta a evitar desbalances y mejorar la efectividad del sistema de control.
Un contexto ambiental crítico que exige coordinación
La situación del Paraná continúa en niveles de alerta. Tras la bajante histórica de 2020, el río no volvió a recuperar valores normales y los estudios más recientes confirman el estrés ambiental persistente. Según el proyecto EBIPES, sólo 6 de cada 100 sábalos alcanzan la talla reproductiva, un indicador que refleja la presión extractiva y la fragilidad del recurso.
A esto se suma el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa un trimestre con lluvias por debajo de lo normal, prolongando el escenario de vulnerabilidad hídrica.
Frente a este cuadro, el Gobierno de Santa Fe convocó a todos los actores del sector. El diagnóstico fue unánime: la actividad requiere ordenamiento, reducción del esfuerzo pesquero, controles efectivos y un esquema regulatorio coordinado entre jurisdicciones. De ese proceso surgió el acuerdo con Entre Ríos, que revisó, armonizó y alineó normativas para reforzar su eficacia. En paralelo, se conformó una mesa técnica destinada a fortalecer el mercado interno y evaluar nuevas medidas de gestión.
Punto de partida
Además de aportar previsibilidad, el acuerdo inaugura una política binacional entre provincias para la gestión del recurso ictícola. Ambas administraciones evaluarán trimestralmente la evolución del stock pesquero y coordinarán nuevas medidas cuando sea necesario, con criterios que contemplen tanto la sostenibilidad ambiental como la realidad social y económica de las comunidades ribereñas.
La iniciativa de Santa Fe impulsó un proceso de revisión y articulación que hoy se traduce en una normativa compartida. Es un paso necesario —y largamente reclamado— para proteger la biodiversidad del Paraná, ordenar la actividad y fortalecer la pesca artesanal y comercial en un contexto ambiental especialmente delicado.
