El Concejo Municipal de Rosario fue sede de la discusión de un caso que causó una fuerte polémica en mayo, cuando a una pareja de jóvenes se le abrió una causa judicial por vender muffins con marihuana en el Parque de las Colectividades. Aquel domingo habían montado un puestito con un cartel que anunciaba el precio a 200 pesos por ‘tortita mágica’ y la cuenta de Instagram en la que mostraban imágenes del emprendimiento que habían arrancado.
- Integrantes de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec) cuestionaron el proceso judicial: “Estas personas que persiguen no son criminales, no son narcotraficantes… Y poner la energía en ese lugar no solamente no beneficia a la lucha contra el narcotráfico, sino que la ridiculiza”, opinó invitada por el Concejo la militante de la entidad de cultivadores, Paula Sarkissián.
La Comisión de Derechos Humanos y Disidencias recibió a los representantes de organizaciones sobre la temática de la judicialización de los cultivadores de cannabis, quienes habían solicitado la audiencia para dialogar, entre otros temas, sobre el caso reciente de las “tortitas mágicas” que se vendían en el Parque de las Colectividades.
“Esto atraviesa distintas estructuras estatales, porque a mí, como militante, me han llegado situaciones de mujeres estigmatizadas por ser consumidoras de cannabis. Es importante que se capacite a todos los niveles del Estado, principalmente porque acá hay un fuerte cambio en el paradigma y la mirada en la reducción de daños. Se expone a las personas más vulnerables”, apuntó Sarkissián.
La militante de Arec instó a abrir el debate: “El hecho me parece delirante y polémico. Los chicos son ingenuos, y la intención política de detener a dos perejiles que no representan al narco para sacarse la foto es puro circo. Creo que quisieron dejar conformes a los que piden mano dura y son caceroleros para permitir que el narco siga existiendo. ¿Dónde ponemos las fuerzas federales? ¿En un parque donde hay pibes corriendo o en los búnkeres y en lugares más vulnerables donde la realidad se lleva puesta vidas?”, expresó la referente de Arec.
Aquel domingo 🥧
Lucas Andrés P. y su novia Camila A. habían creado un perfil en la red social Instagram sobre el cultivo de la planta y además se identificaban como cannabicultores. Con ingenuidad, según contaron allegados, habría sido la primera vez que se lanzaban a montar un pequeño puesto. Ese domingo 22 de mayo por la tarde desplegaron una manta con lo producido en materia de autocultivo, un producto para comer, en este caso una suerte de muffin dulce.
Además de publicar el precio, también colocaron un precario afiche donde postearon su Instagram denominado Maker 420: un modesto emprendimiento dedicado a expender fumadores, pipas, picadoras, tuqueras y las polémicas “tortitas mágicas”, con el “THC justo para un buen viaje”, se afirmaba.
La pareja fue abordada por agentes de Control y Convivencia, y Prefectura Naval con asiento en la ciudad. Los efectivos demoraron a Lucas y Camila en la zona del Parque de las Colectividades a la altura de Dorrego. Luego fueron trasladados a dependencias de la fuerza federal.
Tras unas cinco horas, efectivos de Prefectura allanaron la vivienda que comparten en el barrio de Pichincha y, de acuerdo a los reportes oficiales, se les secuestraron 35 gramos de semillas de marihuana, picadura de cannabis, luces y aparatos para cultivo indoor, y unos 10 mil pesos. También algunos utensilios para cocinar los muffins. No encontraron plantas de cannabis.
Causa judicial 🌱
La causa quedó en manos del juez federal Marcelo Bailaque y la defensa general a cargo de Fabio Procajlo, quien adelantó al Diario La Capital el pedido inmediato de sobreseimiento de Lucas y Camila. “La imputación es tráfico de estupefacientes. Les cabe una pena de 4 a 15 años de prisión. Fueron excarcelados, pero si los condenara la pena no queda en suspenso. Claramente la ley 23.737 está pensada en el narcotráfico y no en los muffins”, señaló.
En su argumentación, el defensor consideró que existe un error de prohibición. Y que los imputados desconocían su conducta delictiva. “Claramente pusieron un cartel en medio de un parque lleno de gente como si vendieran tortas fritas, y en gran medida obedece a la confusión reinante. Si en los negocios se vende aceite de cannabis, mucha gente piensa que esto está liberado, y cree que pueden elaborar una tortita, y no es así”, amplió.
Procajlo ya concretó un pedido de sobreseimiento para sus defendidos con dos planteos concretos. Uno es la atipicidad, porque el accionar no es encuadrable bajo las consideraciones de la ley 23.737, en concreto no se trataría de narcotráfico. “Si bien la venta de tortitas mágicas con un rudimentario cartelito publicitario no es un hecho plausible, criminalizar con penas de 4 a 15 años pone a esta pareja en la incomprensión del hecho ilegal”, ahondó.
El juez federal Bailaque deberá analizar si acepta o rechaza el pedido de sobreseimiento; o bien puede dictar falta de mérito. Si rechaza el pedido del defensor, la causa se encamina a juicio.
Fuentes: Diario La Capital y Fiscalía.
