El Senado provincial convirtió en ley el proyecto impulsado por el senador Ciro Seisas. La iniciativa fue aprobada con 16 votos favorables y tres ausencias, una mayoría suficiente para sostener el texto que había votado originalmente la Cámara alta luego de las diferencias surgidas durante su tratamiento en Diputados.
La norma incorpora tres artículos al Código de Convivencia provincial y alcanza a quienes, sin autorización, ofrezcan lugares para estacionar o servicios de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública. La prohibición regirá en aquellos municipios que adhieran y en las zonas donde las disposiciones locales no permitan esa actividad.
Antes de entrar en vigencia, la ley deberá ser promulgada por el Ejecutivo provincial y publicada en el Boletín Oficial. Después comenzará una segunda etapa en los concejos municipales, que tendrán que aprobar las respectivas adhesiones.
Cómo se aplicaría en Rosario. El Ejecutivo rosarino anticipó que enviará al Concejo un mensaje para adherir a la nueva legislación y buscará que sea tratado en la próxima sesión. De aprobarse, la ciudad deberá establecer el mecanismo de intervención, identificar a los infractores y resolver qué área tendrá a su cargo el juzgamiento.
El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, señaló que la administración local no solicitará la creación de una fiscalía especializada dentro del Ministerio Público de la Acusación. La intención es implementar un procedimiento propio dentro de la Secretaría de Gobierno, debido a que la ley asigna a los municipios la competencia principal para actuar en estos casos.
La Municipalidad también deberá coordinar con la Provincia una eventual intervención policial. La fuerza de seguridad podrá ser requerida para hacer cesar la infracción y desplazar a las personas del lugar, aunque el procedimiento contravencional continuará bajo responsabilidad municipal. Si se producen amenazas, daños u otros delitos, la situación pasará a la órbita penal.
Como antecedente reciente, el municipio mencionó el operativo desplegado durante los Juegos Suramericanos en los alrededores de los estadios y demás escenarios. Según Chale, ese trabajo conjunto con la Provincia funcionó como una prueba piloto para impedir la presencia de cuidacoches en sectores de alta concurrencia.
La gestión local asegura además que ya cuenta con un relevamiento de las personas que desarrollan la actividad. Durante 2025 se confeccionaron más de 9000 actas por distintas incidencias vinculadas con cuidacoches. Chale reconoció que la aplicación de la prohibición deberá combinar los controles con políticas de inserción laboral para la población registrada.
Qué sanciones establece
La primera infracción podrá ser castigada con entre dos y diez días de trabajo comunitario. También se podrá imponer una prohibición de concurrencia al sector donde fue detectada la actividad. Si la persona reincide, la sanción será de entre diez y veinte días de arresto. La pena podrá duplicarse cuando existan amenazas o violencia contra personas o bienes, además de la intervención penal que pudiera corresponder por esos hechos.
La ley contempla agravantes cuando la actividad se desarrolla:
- En zonas de estacionamiento medido o administradas por entidades autorizadas.
- En un radio de hasta veinte cuadras alrededor de eventos masivos, desde dos horas antes y hasta una hora después.
- Entre las 18 y las 6.
- En inmediaciones de escuelas, bancos, comercios o edificios públicos.
- Mediante intimidaciones o aprovechándose de situaciones de desigualdad vinculadas con el género, la edad, una discapacidad u otras condiciones de vulnerabilidad.
La reforma también incorpora sanciones para grupos organizados. Cuando exista un acuerdo previo entre dos o más personas para repartirse sectores o desarrollar la actividad de manera coordinada, se podrá aplicar un arresto de diez a veinte días. En el caso de organizadores o responsables, los límites previstos podrán elevarse hasta cuatro veces.
La adhesión del Concejo será el paso determinante para que estas disposiciones puedan comenzar a aplicarse en Rosario. A partir de entonces, el desafío estará en trasladar la prohibición a la calle, sostener los controles y definir qué respuesta brindará el municipio a las personas que actualmente obtienen ingresos mediante esa actividad.
