La investigación por el homicidio de Roberto Ferrari, el jubilado de 81 años asesinado en mayo pasado frente a un supermercado de Sanguinetti al 5200, derivó este viernes en la inactivación de un inmueble vinculado a la causa en Pasaje Zola 3641. El procedimiento fue el número 81 realizado en Rosario desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico y el 139 en toda la provincia.
Según la pesquisa, los presuntos autores materiales del crimen utilizaron esa propiedad como casa base luego del ataque. Allí se habrían cambiado de ropa y, más tarde, abordaron un automóvil de alquiler para retirarse de la zona. El fiscal Franco Miatello explicó que el análisis de cámaras a través del sistema provincial Lince permitió reconstruir los desplazamientos de los sospechosos antes y después del homicidio. La plataforma de videovigilancia, que incorpora herramientas de inteligencia artificial, procesa imágenes e identifica trayectorias para aportar elementos a las investigaciones penales.
“El trabajo conjunto entre la Fiscalía y los operadores permitió establecer, en pocos minutos, de dónde venían y hacia dónde se dirigieron”, señaló el fiscal. A partir de esa reconstrucción, se identificó a los moradores del domicilio, se realizaron allanamientos y fueron detenidas cuatro personas que ya recibieron condenas por encubrimiento.
Uno de los presuntos autores del crimen permanece detenido con prisión preventiva, mientras continúa la búsqueda de un segundo sospechoso. De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, vecinos del sector también habían advertido que el inmueble funcionaba como punto de venta de estupefacientes.
La medida fue supervisada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe junto al Ministerio Público de la Acusación. Por las características del inmueble, no se avanzó con una demolición: la vivienda fue dividida y la planta superior está habitada. Según la documentación reunida en la causa, esa ocupación sería legal.
Por ese motivo, la inactivación se concretó mediante el bloqueo de los accesos al sector investigado. El secretario de Seguridad, Omar Pereira, señaló que el objetivo es avanzar sobre los lugares utilizados para actividades delictivas, aun cuando la configuración de la propiedad obligue a aplicar una modalidad distinta de intervención.
