La estrategia provincial para desarticular puntos de venta de drogas sumó este miércoles un nuevo capítulo con el derribo de un búnker ubicado en la zona sur de Rosario. El procedimiento, realizado de manera conjunta por el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), permitió alcanzar los 77 inmuebles inactivados en la ciudad y los 132 en toda la provincia desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.
La demolición se llevó adelante sobre un inmueble ubicado en Moreno 3926 que, de acuerdo con la investigación judicial, funcionaba exclusivamente como punto de venta de estupefacientes. La política de derribo de estos espacios comenzó a implementarse a principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y los gobiernos locales, con el objetivo de impedir que estos lugares vuelvan a utilizarse para el narcomenudeo y reducir los focos de violencia asociados a esa actividad.
Durante el operativo, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, señaló que la medida busca “el cese del estado antijurídico y el derribo” de inmuebles que generan conflictos permanentes en los barrios. El funcionario explicó que en este caso el lugar estaba vinculado a reiterados hechos de violencia, un incendio y distintos episodios que afectaban la convivencia de los vecinos. Pereira sostuvo además que la política de demolición de búnkeres forma parte de una estrategia más amplia para disminuir la violencia vinculada al microtráfico. “Se nota una disminución de la violencia, que es el objetivo final que establece la Ley de Microtráfico”, afirmó.
Por su parte, el fiscal César Cabrera explicó que el procedimiento se enmarca en una investigación focalizada sobre los barrios Villa Moreno y Villa Centeno, dos sectores donde históricamente se detectó una fuerte presencia de puntos de venta de drogas y elevados niveles de violencia. En ese contexto, indicó que el inmueble no era utilizado como vivienda sino únicamente para la comercialización de estupefacientes.
El fiscal remarcó que la demolición de estos inmuebles resulta clave para evitar que vuelvan a ser ocupados por nuevas organizaciones delictivas. “Las detenciones forman parte de la investigación, pero si no se produce el derribo del lugar, cíclicamente volverá a abrirse con nuevas personas que pueden ser reemplazables”, sostuvo. Cabrera agregó que estos espacios suelen transformarse en escenarios de disputa entre bandas criminales cuando quedan abandonados, alimentando nuevos episodios de violencia. “Lo que buscamos es derribar el punto, que también es el punto de conflicto”, concluyó.
