La situación de Terminal Puerto Rosario (TPR) volvió a quedar en el centro del debate político local. El Concejo Municipal aprobó este jueves un pedido de informes impulsado por el bloque Peronista para conocer en detalle cómo funcionan los mecanismos de control dentro del predio portuario, qué inspecciones se realizaron en los últimos meses, cuántos accidentes laborales y siniestros fluviales se registraron y qué medidas adoptaron los organismos responsables ante esos episodios.
La iniciativa surgió luego de una serie de hechos ocurridos durante mayo que encendieron alertas sobre las condiciones de seguridad en el ámbito portuario. El caso más grave fue la muerte de un trabajador que cayó desde una noria mientras realizaba tareas de limpieza en la Unidad VI del puerto. Días después, un remolcador de bandera boliviana colisionó contra el buque mercante “Ginga Bobcat” en aguas del río Paraná, un incidente que se sumó a otro choque protagonizado previamente por la misma embarcación cuando transportaba miles de toneladas de ácido sulfúrico con destino al Gran Rosario.
A partir de estos antecedentes, los concejales solicitaron que el Departamento Ejecutivo gestione ante el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) una amplia batería de información vinculada a la actividad desarrollada durante 2025 y lo transcurrido de 2026. El requerimiento apunta a conocer cuáles son las áreas responsables de supervisar las operaciones y el estado de la infraestructura, qué inspecciones de seguridad e higiene se realizaron, cuántas denuncias fueron recibidas por presuntas irregularidades y cuáles fueron las sanciones o apercibimientos aplicados a los concesionarios.
El pedido también reclama precisiones sobre protocolos de seguridad, planes de evacuación, contingencias ambientales, simulacros efectuados y programas de prevención de riesgos laborales. Además, solicita estadísticas sobre accidentes laborales registrados en las terminales, cantidad de trabajadores afectados, gravedad de las lesiones y daños ocasionados en las instalaciones.
El concejal Pablo Basso, uno de los impulsores de la iniciativa, sostuvo que el crecimiento de la actividad exportadora debe estar acompañado por mayores niveles de control público y transparencia. “Queremos que se pongan las cartas sobre la mesa. Los rosarinos tenemos derecho a saber qué está pasando en nuestro río y en nuestro puerto”, afirmó.
El edil planteó además una mirada crítica sobre la relación entre el fuerte crecimiento de las exportaciones y las condiciones en las que se desarrolla parte de la actividad portuaria. “El Gran Rosario acaba de ser posicionado como el principal nodo agroexportador del mundo y lo celebramos. Pero cuando uno mira esos números y después escucha a los trabajadores y ve lo que está pasando dentro del puerto, aparece un contraste enorme”, expresó.
La aprobación del pedido de informes vuelve a poner bajo la lupa la concesión operada por TPR, una de las infraestructuras estratégicas para la economía regional. Durante los últimos años la empresa mantuvo distintos frentes de discusión con organismos públicos, tanto por el estado de sectores de la infraestructura portuaria como por cuestiones vinculadas a inversiones pendientes y obligaciones contractuales.
Uno de los principales focos de controversia estuvo relacionado con el deterioro de los muelles de las terminales I y II. Desde el Gobierno de Santa Fe se reclamaron obras para recuperar áreas que habían perdido operatividad, mientras que la concesionaria planteó que las inversiones de largo plazo debían analizarse en el marco de una eventual extensión del contrato, cuya vigencia se extiende hasta 2032.
En marzo de este año, TPR anunció el inicio de los trabajos de reconstrucción y puesta en valor del muelle sur de la Terminal I, una intervención valuada por la empresa en aproximadamente 30 millones de dólares y destinada a recuperar plenamente la capacidad operativa de uno de los sectores más importantes del complejo portuario.
A ese escenario se sumó además el conflicto que durante años enfrentó a la compañía con la Municipalidad de Rosario por el pago del Derecho de Registro e Inspección (DReI), una disputa que llegó a instancias judiciales y que recién logró encauzarse hacia fines de 2025 mediante un acuerdo entre las partes.
Desde el bloque impulsor remarcaron que la discusión excede los accidentes recientes y apunta a abrir un debate más amplio sobre el rol que ocupa el puerto en la ciudad. “Además de celebrar récords, hay que mirar las condiciones en las que se producen. Y además de decir que el puerto es una oportunidad para Rosario, tenemos que asegurarnos de que Rosario no quede afuera de su propio puerto”, concluyó Basso.
El expediente aprobado deberá ahora ser respondido por el Ejecutivo municipal a través de las gestiones correspondientes ante el Enapro. Mientras tanto, el debate vuelve a instalar interrogantes sobre los controles, la seguridad operativa, las condiciones laborales y el estado de una de las concesiones más relevantes para la actividad económica de Rosario y toda la región.
