La situación del Puerto de Rosario volverá a quedar bajo la lupa del Concejo Municipal. La comisión de Gobierno otorgó despacho a un pedido de informes que busca conocer en detalle el funcionamiento de los organismos de control, los accidentes registrados, las inspecciones realizadas y las eventuales sanciones aplicadas dentro del predio portuario, en una iniciativa que vuelve a poner el foco sobre la concesión que opera Terminal Puerto Rosario (TPR).
El proyecto solicita que el Departamento Ejecutivo gestione ante el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) una amplia batería de información vinculada a la actividad desarrollada durante 2025 y lo transcurrido de 2026. Entre otros puntos, los concejales piden precisiones sobre las áreas encargadas de supervisar las operaciones y el estado de la infraestructura, además de estadísticas sobre accidentes fluviales y laborales ocurridos en las terminales.
Uno de los ejes centrales del pedido está relacionado con dos hechos ocurridos durante mayo. Por un lado, se requiere información sobre los expedientes e investigaciones abiertas tras el accidente registrado el 16 de mayo en la Unidad 6 del Puerto de Rosario. Por otro, se solicitan detalles sobre el choque entre el remolcador de empuje “HB Pegasus” y el buque mercante “Ginga Bobcat”, ocurrido días después en aguas de la jurisdicción portuaria.
Los concejales también buscan conocer cuántas inspecciones de seguridad e higiene realizó el Enapro, qué denuncias recibió por presuntas irregularidades y cuáles fueron las sanciones o apercibimientos aplicados a los concesionarios. El requerimiento incluye además información sobre actuaciones realizadas junto a Prefectura Naval Argentina, organismos provinciales y áreas municipales de control.
El decreto reclama asimismo datos sobre protocolos de seguridad, planes de evacuación, contingencias ambientales, simulacros efectuados y programas de prevención aprobados por las aseguradoras de riesgos del trabajo. A ello se suma un relevamiento de los accidentes laborales ocurridos en las instalaciones, la cantidad de trabajadores afectados, la gravedad de las lesiones y los daños ocasionados en la infraestructura.
Panorama general. El avance de la iniciativa se produce en un contexto en el que la concesión de TPR continúa siendo objeto de discusión. Desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, la Provincia cuestionó el estado de distintos sectores del complejo portuario y revisó el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa, especialmente en materia de inversiones y mantenimiento de la infraestructura.
La principal controversia estuvo vinculada al deterioro de los muelles de las terminales I y II. Durante meses, el gobierno provincial sostuvo que la concesionaria debía ejecutar obras de magnitud para recuperar sectores que habían perdido operatividad, mientras que la empresa planteó que cualquier inversión de largo plazo debía discutirse en paralelo con una eventual extensión del contrato, cuya vigencia se extiende hasta 2032.
En medio de ese escenario, durante marzo de este año TPR anunció la puesta en marcha los trabajos de reconstrucción y puesta en valor del muelle sur de la Terminal I, una obra valuada por la compañía en alrededor de 30 millones de dólares. La intervención se orienta a recuperar plenamente la operatividad de un sector estratégico para el movimiento de cargas multipropósito y mejorar la competitividad del puerto frente a otras terminales de la región.
A las diferencias por las inversiones se sumó en los últimos años el conflicto que la empresa mantuvo con la Municipalidad de Rosario por el pago del Derecho de Registro e Inspección (DREI), una disputa que derivó en instancias judiciales y se prolongó durante varios años. Recién hacia fines de 2025 ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió regularizar la situación y encauzar la relación institucional.
El pedido de informes fue presentado por los concejales Pablo Basso, Mariano Romero, María José Poncino, Norma López y María Fernanda Gigliani, y ahora deberá ser tratado por el cuerpo. Más allá de la información específica que reclama, el expediente vuelve a instalar interrogantes sobre los mecanismos de control, el estado de la infraestructura y el cumplimiento de las inversiones en una de las concesiones más estratégicas para la actividad económica de Rosario y toda la región.
