Tras más de dos meses de audiencias y uno de los debates orales más extensos realizados en la provincia, la Justicia santafesina condenó a prisión perpetua al jefe narco barrial Francisco “Fran” Riquelme y a otros once integrantes de su organización criminal por una serie de homicidios, balaceras y extorsiones que marcaron la violencia en el noroeste de Rosario entre 2021 y 2023. Otros tres acusados recibieron penas de entre cinco y seis años y medio de prisión por su participación en la asociación ilícita.
El fallo fue dictado por el tribunal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Ariel Rodríguez y Gustavo Pérez de Urrechu, quienes dieron por acreditado que Riquelme dirigió desde la cárcel de Piñero una estructura criminal dedicada al control territorial de sectores de los barrios Ludueña, Industrial y Empalme Graneros. Según los magistrados, la organización operó en un contexto de “violencia extrema y control territorial sistémico”, en una etapa que definieron como un verdadero “territorio en guerra”.
Riquelme fue condenado como jefe de una asociación ilícita y como instigador de dos homicidios emblemáticos. Uno de ellos fue el asesinato de Juan Cruz Ferrari, ejecutado frente a una barbería de Reconquista y Dominicana en abril de 2023, un crimen cuyo registro en video se viralizó en redes sociales. También fue hallado responsable de ordenar el asesinato de Alejandro “Peladito” Ramírez, un vendedor de drogas que fue emboscado y acribillado en septiembre de 2022 en la zona noroeste de la ciudad.
La sentencia alcanzó además a varios de los principales laderos del grupo. Recibieron prisión perpetua Lemuel “Lemo” Sciretta, Daniel “Gatito” Miranda García, Marcelo “Pachu” Chávez, Lisandro “Parce” Orellana, Alexis “Paisa” Álvarez y César Acosta Muñoz, todos considerados integrantes de la asociación ilícita y responsables de distintos homicidios. También fueron condenados a la pena máxima Lucas Racca, Eric Enrique, Kevin Sosa y Franco “Milanesa” Almaraz, vinculados a asesinatos ejecutados por la organización.
Durante el juicio se analizaron algunos de los hechos más resonantes de aquellos años. Entre ellos, el asesinato de Cristian “Larva” Fernández en abril de 2022, uno de los crímenes mafiosos más significativos de la disputa territorial entre bandas rivales; el homicidio de Brian “Chichito” Ortigoza; el ataque armado contra jugadores de fútbol cinco en la denominada canchita de Caño Cobra; y el femicidio de Ludmila Loreley Orellana, por cuya instigación fue condenado Marcelo Chávez.
Los jueces también dieron por probado que la estructura criminal continuó operando a pesar de que sus principales líderes estaban detenidos. En ese sentido, señalaron que las órdenes para ejecutar homicidios, balaceras y amenazas partían desde unidades penitenciarias y llegaban a los ejecutores mediante una red de comunicaciones que permitía sostener el control territorial y las economías ilegales.
Uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la referencia al funcionamiento del sistema penitenciario. El tribunal ordenó remitir antecedentes al Ministerio Público de la Acusación para que evalúe eventuales responsabilidades funcionales de integrantes del Servicio Penitenciario y de la Policía provincial. La medida busca determinar si existieron acciones u omisiones que facilitaron que Riquelme continuara liderando la organización criminal desde prisión.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, quienes destacaron la magnitud del proceso judicial. Según señalaron, se trató de uno de los juicios más grandes desarrollados en la historia reciente de Santa Fe y el primero surgido de una investigación por foco criminal. Antes del debate oral, otras 14 personas vinculadas a la organización ya habían aceptado condenas mediante procedimientos abreviados.
La causa también reconstruyó la disputa que mantuvo la banda de Riquelme con otro grupo criminal ligado a Los Monos, enfrentamiento que derivó en una escalada de homicidios y ataques armados en los barrios del noroeste rosarino. Para el tribunal, esa confrontación fue uno de los principales motores de la violencia que convirtió a la zona en uno de los puntos más conflictivos de la ciudad durante aquellos años.
