El Gobierno de Santa Fe volvió a avanzar este fin de semana con el esquema de intimaciones a familias de alumnos identificados como autores de amenazas a establecimientos educativos, en una política que combina medidas administrativas y acciones civiles para recuperar el costo de los operativos desplegados en cada intervención. La estrategia, que ya tuvo sus primeras notificaciones días atrás, suma ahora nuevos casos en distintos puntos del territorio provincial.
Entre viernes y sábado se cursaron 11 intimaciones en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín, por un monto total superior a los 36 millones de pesos. Las notificaciones se emiten una vez que la Justicia valida la identidad de los involucrados y establece la responsabilidad de los adultos a cargo.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que la medida apunta a trasladar el costo real de cada operativo a quienes originan estos hechos. “No es broma; es un delito. Y lo que se reclama no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de la intervención”, sostuvo.
Intimaciones con plazo y posible ejecución judicial. El procedimiento establece un plazo de cinco días para el pago voluntario. En caso de incumplimiento, los antecedentes son derivados a la Fiscalía de Estado, que puede iniciar acciones judiciales para el recupero de los fondos.
Desde el Ejecutivo provincial subrayan que no se trata de una sanción penal, sino de una indemnización civil por el daño ocasionado al Estado. “No es una multa ni una pena: es una deuda que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”, explicaron. En ese marco, se contemplan herramientas como embargos de sueldos o inhibiciones de bienes.
Los montos varían según cada caso y se calculan en función de los recursos movilizados: combustible, patrulleros, personal policial, brigadas especializadas —como las de explosivos— y horas de servicio afectadas al operativo.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reducir las amenazas a escuelas, que en los últimos meses generaron interrupciones en la actividad educativa y un importante despliegue de recursos de seguridad.
Según explicó Cococcioni, el mecanismo se activa de manera automática una vez que la Fiscalía valida las identidades, independientemente de si los autores son menores o mayores. “Identificados los responsables, se emiten las intimaciones y se avanza en el recupero del costo”, indicó. Desde la Provincia sostienen que la medida ya comenzó a mostrar efectos en la disminución de estos episodios, al introducir un componente económico directo sobre quienes generan las falsas amenazas.
El impacto en las familias. Las notificaciones incluyen el detalle de la deuda, los medios de pago y las condiciones para regularizar la situación. En uno de los casos registrados durante el fin de semana, la intimación superó los 5,8 millones de pesos y generó una reacción inmediata en el ámbito familiar: “¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, le reprochó una abuela a su nieto al momento de recibir la notificación policial.
El episodio refleja el impacto concreto de una política que busca, además de recuperar recursos públicos, generar conciencia sobre las consecuencias de este tipo de acciones. Desde la Provincia ratificaron que el esquema continuará en la medida en que se identifiquen nuevos casos y remarcaron que el objetivo es sostener una respuesta firme frente a hechos que movilizan recursos críticos del sistema de seguridad y afectan el funcionamiento normal de las escuelas.
