El derribo de un búnker de venta de drogas en la ciudad de Sunchales marcó un nuevo avance de la política provincial contra el microtráfico. El procedimiento se llevó a cabo este jueves en un inmueble de calle Falucho 597 y fue supervisado por el Gobierno de Santa Fe, en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Se trata del primero que se inactiva en esa localidad.
La intervención corresponde a la número 115 en toda la provincia y la undécima en el departamento Castellanos desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023. Este tipo de operativos forman parte de un esquema de trabajo articulado entre el Ejecutivo provincial, la Justicia, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y autoridades locales, con el objetivo de desarticular puntos de venta de estupefacientes y recuperar espacios asociados a situaciones de violencia.
En el lugar, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, remarcó que la lucha contra el microtráfico es uno de los ejes centrales de la gestión, al señalar su vínculo con otros delitos de alta lesividad. Según indicó, el incremento de allanamientos y detenciones refleja la magnitud del fenómeno, mientras que también se registra una disminución de hechos violentos asociados, como los homicidios.
La medida fue el resultado de una investigación judicial iniciada a partir de denuncias vecinales. El fiscal regional Carlos Vottero explicó que en el inmueble se desarrollaban actividades vinculadas a la venta de drogas y episodios de violencia con uso de armas de fuego, lo que afectaba la convivencia en la zona. Tras reunir pruebas, se avanzó con la audiencia de cese de estado antijurídico, donde la fiscal Ana Abreu solicitó el derribo del lugar.
De acuerdo a la investigación, el predio funcionaba como punto de comercialización con una estructura adaptada para las transacciones, incluyendo orificios utilizados como pasamanos. Durante los allanamientos se identificó a varias personas —que continúan bajo investigación— y se secuestraron balanzas digitales, documentación y elementos vinculados a otros delitos. La intervención se originó tras un pedido del intendente Pablo Pinotti, quien había solicitado la actuación judicial ante reiteradas denuncias de vecinos.
Desde la Fiscalía también destacaron el alcance de la desfederalización de la persecución del microtráfico, que permite a los fiscales provinciales intervenir en estos casos. En ese sentido, el fiscal Franco Carbone subrayó que esta herramienta amplía la capacidad de acción en localidades que antes quedaban fuera del radar operativo de la Justicia federal.
