El gobierno santafesino expresó su rechazo a las modificaciones que impulsa la Nación sobre el sistema de discapacidad y se sumó a un posicionamiento federal unificado que advierte sobre un posible retroceso en derechos y en la cobertura de prestaciones esenciales.
La postura fue planteada durante la 108° Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde representantes de las 24 jurisdicciones del país coincidieron en cuestionar el rumbo de las políticas nacionales en la materia.
La delegación santafesina estuvo integrada por la subsecretaria de Personas con Discapacidad, Florencia Ottolini, y la secretaria de Políticas Sociales e Integración, Viviana Foresi. Ambas manifestaron preocupación por el impacto que podrían tener los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo nacional, especialmente en el financiamiento del sistema y en la continuidad de las prestaciones.
En ese marco, la Asamblea aprobó por unanimidad el rechazo al proyecto de ley MEN-2026-109, enviado al Congreso por el gobierno nacional. Según el documento consensuado, la iniciativa implicaría un corrimiento del Estado nacional en áreas donde tiene responsabilidades indelegables, además de introducir cambios que afectarían la estructura actual del sistema.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la posible eliminación o desregulación del nomenclador nacional, herramienta clave para ordenar y establecer los valores de las prestaciones. Desde las provincias advirtieron que, sin ese marco, el sistema podría quedar sujeto a criterios discrecionales, con impacto directo en la sostenibilidad de los servicios.
También se puso el foco en la intención de vincular nuevamente las pensiones a una lógica de invalidez laboral. Para las autoridades provinciales, ese enfoque desconoce el modelo social de la discapacidad y representa un retroceso en materia de derechos adquiridos.
“Lo que más preocupa es lo que el proyecto propone eliminar: el nomenclador que hoy regula las prestaciones. Sin eso, el sistema pierde previsibilidad”, sostuvo Ottolini. En la misma línea, advirtió que asociar las pensiones a la capacidad laboral “implica retroceder y no contemplar las barreras reales que enfrentan las personas con discapacidad”.
Otro de los puntos críticos abordados en la Asamblea fue la situación del programa Incluir Salud. Las provincias exigieron la regularización urgente de los pagos a prestadores, ante el riesgo de cierre de instituciones y el deterioro de la red de atención.
Además del rechazo al proyecto, el Cofedis reclamó el cumplimiento de la Ley N° 27.793 de Emergencia en Discapacidad y estableció que cualquier reforma del sistema debe discutirse en ámbitos federales, con participación activa de las provincias y de las personas con discapacidad.
En ese sentido, se insistió en la necesidad de garantizar el debido proceso en eventuales auditorías y revisiones, así como la continuidad de las prestaciones mientras se desarrollen esos procedimientos.
Por último, durante la Asamblea se definieron las nuevas comisiones de trabajo del organismo. Santa Fe tendrá un rol destacado: coordinará la comisión de Accesibilidad, con participación de representantes de distintas provincias, consolidando su protagonismo en la agenda federal vinculada a la inclusión.
