En un contexto de creciente presión del endeudamiento sobre los ingresos familiares, el gobierno santafesino presentó un programa integral orientado a reordenar deudas y recuperar capacidad de consumo en trabajadores y jubilados. La iniciativa, denominada Plan de Protección de los Ingresos, combina medidas de alivio inmediato con herramientas de refinanciación, regulación del sistema de descuentos y acceso a nuevas líneas de crédito a menor costo.
El anuncio fue realizado por la vocera del Ejecutivo, Virginia Coudannes, junto al ministro de Economía, Pablo Olivares, y la secretaria de Función Pública, Malena Azario. Desde el gobierno señalaron que la medida apunta a intervenir sobre uno de los efectos colaterales del actual escenario económico: el aumento de la carga financiera en los hogares, especialmente a partir del uso extendido de créditos personales, fintech y sistemas de descuento directo.
Los datos oficiales reflejan esa tendencia. La morosidad en el sistema financiero tradicional pasó del 10,6% en enero al 11,2% en febrero, mientras que en los créditos no bancarios —como billeteras digitales y plataformas de financiamiento— la irregularidad trepó al 29,9%. En Santa Fe, el 33% de los empleados públicos tiene descuentos por créditos en sus recibos de sueldo, y unos 12.000 superan el 25% de afectación de sus ingresos. A ese universo se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos con niveles de endeudamiento considerados críticos.
Frente a ese diagnóstico, el eje más inmediato del plan será la reducción del límite de descuentos sobre salarios de empleados estatales, que pasará del 50% actual al 25%. La decisión implica un cambio sustancial en el esquema vigente y busca garantizar un piso de ingreso disponible para los trabajadores. “Se trata de una experiencia inédita en la provincia y en el país”, sostuvo Coudannes, quien planteó que el objetivo es “recuperar margen en el ingreso mensual de las familias”.
La implementación se estructurará en cuatro líneas de acción. En primer lugar, se avanzará en un reempadronamiento de las entidades que operan con códigos de descuento dentro del sistema estatal (CUAD), con el objetivo de ordenar y transparentar el circuito de financiamiento. En segundo término, se formalizará el nuevo tope del 25% como límite máximo de afectación salarial.
El tercer eje se centra en la readecuación de deudas vigentes. Para ello, se promoverán instancias de renegociación con los acreedores, con tasas más bajas y plazos extendidos. También se habilitará la posibilidad de trasladar los saldos a otras entidades que ofrezcan mejores condiciones. En los casos en que no se logren acuerdos, el Estado provincial podrá intervenir mediante asistencia financiera a tasa cero para cubrir el excedente, mecanismo que será recuperado una vez que la cuota se ubique dentro del nuevo límite permitido.
El cuarto componente contempla la puesta en marcha de líneas de crédito para consolidación de deudas, con plazos de hasta 60 cuotas y un período de gracia de dos meses. Este instrumento permitirá unificar múltiples compromisos en un solo préstamo, con condiciones más previsibles. Como contrapartida, quienes adhieran no podrán contraer nuevos créditos por código de descuento hasta cancelar la operación, en un intento por evitar la reconfiguración del ciclo de endeudamiento.
Para el sector privado y los trabajadores independientes, el plan incorpora herramientas específicas. Entre ellas, una línea del Banco de Santa Fe orientada a cancelar deudas a largo plazo —de hasta cinco años— con tasas por debajo del promedio del mercado. Además, se prevé la articulación con cámaras empresariales para el desarrollo de programas sectoriales de desendeudamiento y la convocatoria a entidades financieras para ampliar la oferta de créditos de consolidación.
En paralelo, el Banco Solidario implementará líneas específicas para personas con ingresos informales o fluctuantes, uno de los segmentos con mayores dificultades para acceder al crédito formal.
Otro de los aspectos destacados del programa es la incorporación de herramientas de educación financiera y asesoramiento personalizado. Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo no es solo resolver la situación actual, sino también generar condiciones para evitar nuevos ciclos de sobreendeudamiento.
En cuanto al acceso, los trabajadores públicos y jubilados deberán iniciar el trámite de manera digital a través del sistema de ID Ciudadana. Luego de completar la solicitud, recibirán asesoramiento para avanzar con la reestructuración de sus deudas. En el caso de empleados del sector privado y autónomos, la gestión se canalizará a través de las entidades financieras participantes, con seguimiento del Gobierno provincial.
Con este paquete de medidas, la administración de Maximiliano Pullaro busca intervenir en uno de los frentes más sensibles del escenario económico actual: la pérdida de ingreso disponible producto del endeudamiento. La efectividad del plan, no obstante, dependerá de la adhesión de las entidades financieras y de la capacidad de implementación en un universo amplio y heterogéneo de trabajadores.
