Las reiteradas amenazas a establecimientos educativos en Santa Fe no solo activaron operativos de seguridad en toda la provincia, sino que también generaron un fuerte impacto económico en el Estado. En ese contexto, el gobierno provincial comenzó a ejecutar el recupero de esos gastos mediante intimaciones formales a las personas identificadas como responsables.
El ministro Pablo Cococcioni confirmó que este lunes se concretó la primera notificación en la ciudad de Santa Fe. La medida alcanzó a los padres de un menor señalado como autor de una amenaza, quienes deberán afrontar un pago de 6.024.944 pesos en carácter de responsables solidarios. “Se despachó la primera comisión policial para notificar esta intimación en el marco de la resolución que habilita el recupero de los costos de los operativos”, explicó.
Durante el procedimiento, personal policial detalló a los adultos el monto de la deuda, su origen y las condiciones de pago. El plazo establecido es de cinco días para cancelar el importe de manera voluntaria; en caso contrario, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de cobro.
La medida forma parte de una estrategia administrativa y patrimonial paralela a la investigación penal. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que el objetivo es que los responsables —en su mayoría, adultos a cargo de menores— asuman las consecuencias económicas de estos hechos, que implican la movilización de recursos policiales, brigadas especializadas, vehículos, combustible y horas de servicio.
Hasta el momento, se identificaron responsables en 58 amenazas, lo que involucra a más de 70 personas entre autores y responsables legales. “A medida que la Fiscalía valida las identidades, se emiten automáticamente las intimaciones correspondientes”, detalló Cococcioni.
Según estimaciones oficiales, el monto total a recuperar por estos casos ya supera los 250 millones de pesos y podría incrementarse a medida que se sumen nuevas validaciones. Cada operativo, explicaron, implica un costo concreto que se calcula en función de los recursos efectivamente utilizados.
El ministro aclaró que el mecanismo no constituye una sanción penal. “No es una multa ni una pena, sino una indemnización civil por el daño ocasionado al Estado, que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial”, señaló. En ese marco, advirtió que el proceso puede derivar en embargos de salarios o inhibiciones de bienes si no se cumple con el pago. “Se trata del costo exacto que cada operativo tuvo para los santafesinos. No es ni un peso más ni un peso menos. Es fundamental generar conciencia sobre el uso de los recursos públicos”, concluyó.
