El Senado de Santa Fe fue escenario de una audiencia pública en la que legisladores provinciales, intendentes, presidentes comunales, especialistas y vecinos de distintas localidades analizaron el estado de la Ruta Nacional 34, en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de obras y mantenimiento. Como principal conclusión, se planteó avanzar con medidas judiciales ante la ausencia de respuestas por parte del Estado nacional.
La actividad fue encabezada por el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, junto al senador Esteban Motta, y contó con la participación de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas la diputada y otrora vicegobernadora Gisela Scaglia y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García. También dijeron presente senadores de distintos departamentos y legisladores de ambas cámaras.
Durante la apertura, Michlig describió la situación del corredor como crítica y sostuvo que la Ruta 34 dejó de ser “la ruta de la producción” para convertirse en “la ruta de la muerte”, en alusión a la alta siniestralidad. En ese marco, cuestionó la falta de inversión nacional y remarcó que la provincia debió asumir obras clave, como la rotonda en la intersección con la ruta provincial 39, para mejorar la seguridad vial.
En la misma línea, Motta advirtió que el problema forma parte de una “crisis nacional de infraestructura vial” y reclamó que el gobierno nacional retome la inversión en rutas estratégicas para el desarrollo productivo. “Es incomprensible que un país que mueve su producción por rutas no priorice su mantenimiento”, señaló.
Desde la Cámara de Diputados, Clara García calificó la convocatoria como una iniciativa “por la vida y el desarrollo del interior”, mientras que otros legisladores coincidieron en la necesidad de que los recursos provenientes de impuestos nacionales se traduzcan en obras concretas. También alertaron por el deterioro generalizado del corredor y su impacto en quienes lo transitan a diario.
Durante la audiencia se expusieron datos técnicos que reflejan la gravedad de la situación. El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, definió a la Ruta 34 como “la más peligrosa de la provincia”, con más de un fallecido por kilómetro en algunos tramos. A su vez, desde el Observatorio Vial se indicó que el 62% de los siniestros fatales ocurren durante la noche, en sectores sin iluminación adecuada.
En ese contexto, intendentes y presidentes comunales señalaron que muchas localidades debieron intervenir con recursos propios para realizar tareas de mantenimiento o señalización, pese a tratarse de una vía nacional. Coincidieron en que esas acciones resultan insuficientes y reclamaron obras estructurales de manera urgente.
Como parte de las conclusiones, surgió la posibilidad de avanzar con un recurso de amparo colectivo para exigir al Estado nacional la ejecución de obras y garantizar condiciones mínimas de seguridad en el corredor.
En el cierre, Gisela Scaglia sostuvo que el reclamo “atraviesa a toda la provincia” y cuestionó la política nacional en materia de infraestructura. “El equilibrio fiscal es mentiroso si deja un pasivo en infraestructura”, afirmó, al tiempo que propuso alternativas como la concesión o transferencia de rutas para asegurar su mantenimiento.
La audiencia reunió a representantes de distintos puntos del territorio santafesino, quienes coincidieron en la necesidad de pasar de los diagnósticos a medidas concretas frente a una problemática que, según remarcaron, pone en riesgo la vida de miles de usuarios a diario.
