En medio de un escenario atravesado por el caso $LIBRA y las polémicas por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobierno nacional reunió a su mesa política para redefinir la estrategia y relanzar la agenda legislativa con un nuevo paquete de leyes.
El encuentro, que se realizó este martes en la Casa Rosada, tuvo como objetivo central ordenar prioridades y recuperar iniciativa tras un mes de marzo marcado por las revelaciones judiciales en torno a la criptomoneda y el impacto político de episodios que expusieron tensiones internas.
Fue el propio Adorni quien anticipó los principales ejes del paquete que el Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas. La agenda incluye la reforma del Código Penal —con foco en el endurecimiento de penas— y un conjunto de leyes orientadas a reforzar lo que el oficialismo denomina “la inviolabilidad de la propiedad privada”.
Dentro de ese bloque se contemplan modificaciones en las leyes de expropiaciones, Tierras, Manejo del Fuego y regularización dominial para la integración socio urbana. En paralelo, el Gobierno también buscará avanzar con la ley de glaciares, cambios en la normativa de discapacidad y una reforma del financiamiento universitario, con el objetivo de alinearlas con la política de equilibrio fiscal.
La reforma del Código Penal, que ya estaba contemplada en el Consejo de Mayo, incorporará además la impronta del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y pondrá especial énfasis en el aumento de penas para delitos vinculados a la corrupción.
En cuanto a la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, el oficialismo impulsa su tratamiento en Diputados con un esquema de audiencias públicas que incluye la posibilidad de participación virtual mediante la presentación de videos. La modalidad generó críticas de la oposición, que reclama ampliar los tiempos de debate y garantizar instancias presenciales, en línea con el Acuerdo de Escazú.
Otro de los puntos sensibles es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El Ejecutivo buscará eliminar restricciones que impedían modificar el uso de tierras incendiadas, una norma incorporada en 2020 para evitar maniobras especulativas sobre territorios afectados.
En el capítulo vinculado a la propiedad privada, también se prevé avanzar sobre la Ley de Tierras para flexibilizar los límites a la compra por parte de extranjeros, manteniendo restricciones solo para Estados y empresas públicas.
Por su parte, la modificación de la Ley de Discapacidad y del financiamiento universitario apunta a revisar esquemas de gasto bajo el argumento oficial de garantizar el superávit fiscal, en línea con el programa económico del Gobierno.
Más allá del contenido legislativo, la reunión funcionó también como un espacio de alineamiento político. Participaron Karina Milei; los ministros Luis Caputo y Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; Eduardo “Lule” Menem; Patricia Bullrich; Santiago Caputo; Ignacio Devitt y Gabriel Bornoroni, entre otros.
El encuentro se dio en un contexto de creciente presión pública. Las nuevas revelaciones del caso $LIBRA —incluido un peritaje que detectó llamadas entre el presidente Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli, así como un presunto esquema de pagos millonarios— volvieron a instalar interrogantes sobre el vínculo entre el oficialismo y el proyecto cripto.
A eso se sumaron las críticas por los viajes de Adorni, tanto por el uso de un vuelo privado a Punta del Este como por la incorporación de su esposa a la comitiva oficial en un viaje a Nueva York. En ese escenario, la mesa política buscó cerrar filas y ordenar el rumbo. La apuesta es clara: retomar la iniciativa con una agenda legislativa ambiciosa que permita desplazar el foco de las polémicas y recuperar centralidad política.
