La diputada provincial Lionella Cattalini presentó un pedido formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se disponga la suspensión del juez federal de Rosario Gastón Alberto Salmain, quien se encuentra procesado en una causa que investiga presuntos hechos de corrupción.
En la presentación, la legisladora sostuvo que la continuidad del magistrado al frente del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario resulta incompatible con el avance de la investigación penal que lo tiene imputado en la denominada causa Attila. Según señaló, mantenerlo en funciones podría afectar la confianza pública en el sistema judicial.
Salmain fue procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de una investigación que analiza decisiones judiciales vinculadas con operaciones financieras durante el período de restricciones cambiarias.
De acuerdo con el expediente, el magistrado habría dictado resoluciones que permitieron a una financiera acceder a alrededor de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante la vigencia del cepo cambiario, fondos que luego habrían sido transferidos al exterior.
“No puede seguir tomando decisiones un juez que está procesado por hechos de corrupción de esta gravedad. La confianza pública en la justicia exige respuestas institucionales claras y oportunas”, expresó Cattalini al fundamentar el pedido.
La legisladora también recordó que Salmain accedió al cargo de juez federal sin haber informado un antecedente disciplinario previo en el Poder Judicial. Según indicó, cuando se desempeñaba como agente judicial fue cesanteado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras un sumario administrativo que lo investigó por intentar sobornar a una empleada para manipular el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
“Estamos hablando de antecedentes extremadamente graves que debieron haber sido informados en su momento. La transparencia en el acceso y el ejercicio de la magistratura es una condición básica para la credibilidad del sistema judicial”, agregó.
En paralelo, la investigación penal continúa avanzando. En los últimos días, el juez federal Román Lanzón autorizó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Salmain por 90 días, una medida solicitada por el fiscal Federico Reynares Solari para analizar posibles irregularidades patrimoniales vinculadas con el presunto direccionamiento de causas previsionales.
Ante este escenario, Cattalini pidió al Consejo de la Magistratura que disponga la suspensión preventiva del magistrado mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de preservar la integridad institucional del Poder Judicial.
“En Santa Fe ya atravesamos situaciones graves con magistrados federales involucrados en hechos de corrupción. Necesitamos jueces que estén a la altura de la responsabilidad institucional que el cargo exige”, concluyó la diputada.
