Luego de haber conseguido la media sanción en el Senado de la Nación para la Ley de Modernización Laboral, el gobierno de Javier Milei sumó este jueves otro triunfo legislativo: la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que contempla la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años, entre otras reformas.
- La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos en la Cámara baja y ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley. El oficialismo logró el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la mayor parte del interbloque Unidos y bloques provinciales.
El proyecto fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias a fines de enero, en un contexto marcado por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. Durante el debate estuvo presente en el recinto la madre del joven asesinado por menores, en una jornada que se extendió por más de ocho horas y estuvo atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
Uno de los puntos votados de manera nominal fue el referido a la asignación presupuestaria, a pedido del Frente de Izquierda y del interbloque Unidos. Ese artículo fue aprobado con 135 votos positivos, 100 negativos y 13 abstenciones.
De ser sancionado también por el Senado, el nuevo régimen reemplazará la Ley 22.278, vigente desde 1980, durante la última dictadura militar. Además de la baja en la edad de punibilidad, el proyecto prevé medidas alternativas a la prisión para delitos con penas menores, como programas educativos, laborales y recreativos; prisión domiciliaria o en institutos especializados; mediación penal y suspensión del juicio a prueba en determinados casos.
Desde el oficialismo defendieron la reforma como una actualización necesaria del sistema penal juvenil. La diputada Laura Rodríguez Machado sostuvo que la normativa vigente es “ineficiente” y no previene ni repara a las víctimas, y calificó la aprobación como “un gran paso para la Argentina”.
En la oposición, Unión por la Patria cuestionó con dureza la iniciativa. Victoria Tolosa Paz la definió como un “mamarracho jurídico” y defendió una propuesta alternativa que mantiene la punibilidad entre los 16 y 18 años, con un tope de 10 años para delitos graves. Germán Martínez criticó que no se hayan incorporado aportes de organismos como la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría.
El Frente de Izquierda rechazó el proyecto por considerarlo “punitivista”. Myriam Bregman advirtió que otorgará mayores facultades a las fuerzas de seguridad para hostigar a jóvenes en barrios populares, mientras que Romina del Plá sostuvo que la baja de la edad podría incentivar a las bandas narco a reclutar menores aún más chicos.
En respaldo del texto, Cristian Ritondo (PRO) sostuvo que se trata de un debate postergado durante décadas y que la reforma brinda herramientas clave frente a delitos graves. Miguel Pichetto acompañó la baja a 14 años, aunque planteó dudas sobre la efectiva transferencia de fondos a las provincias para su implementación.
Desde las bancas santafesinas, la otrora vicegobernadora Gisela Scaglia consideró que la ley puede convertirse en un resguardo frente al reclutamiento narco, mientras que Nicolás Mayoraz (LLA) afirmó que la reforma busca “devolver la justicia y reconocer una realidad”.
El oficialismo intentará ahora convertir el proyecto en ley antes del 1° de marzo. Si obtiene la sanción definitiva en el Senado, entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
