Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, y la posterior decisión del Tribunal Oral Federal 2 de otorgarle prisión domiciliaria, el Partido Justicialista definió avanzar con una movilización nacional en su respaldo. El acto central será este miércoles a las 14 en Plaza de Mayo.
La decisión fue tomada en una extensa reunión en la sede nacional del PJ, ubicada en la calle Matheu 130 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se congregaron gobernadores, legisladores, intendentes y referentes del espacio. Allí se resolvió no movilizar hacia Comodoro Py, como se había evaluado inicialmente, sino realizar una concentración masiva en el centro político del país.
“Nosotros vamos a seguir con la movilización. No será en Comodoro Py, pero vamos a expresar nuestra preocupación por lo que está pasando en el país, por la proscripción de Cristina y el rechazo al fallo de la Corte”, sostuvo el senador nacional José Mayans, vicepresidente del PJ, al llegar al encuentro.
- Desde las provincias partieron decenas de micros hacia la Capital Federal, en una muestra de respaldo territorial a la ex mandataria. El peronismo calcula que podrían movilizarse unas 300 mil personas.
Se evalúa que el recorrido comience en Constitución, donde reside actualmente Cristina Kirchner, para culminar con un acto frente a la Casa Rosada. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las organizadoras, confirmó el trayecto.
Al encuentro del PJ asistieron gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y, de forma remota, Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También participaron dirigentes de peso como Eduardo “Wado” de Pedro, Germán Martínez, Martín Doñate, Agustina Propato, Lucía Corpacci, Ariel Sujarchuk y Fernanda Raverta, entre otros.
La Confederación General del Trabajo (CGT) no participó de la reunión, pero difundió un comunicado expresando su rechazo a lo que consideró una “persecución judicial”. En medio de la tensión, el gobierno nacional informó que aplicará descuentos salariales a los empleados públicos que falten a sus tareas para sumarse a la marcha. La medida generó malestar en varios gremios estatales, que se encuentran deliberando cómo responder.
Las condiciones del arresto domiciliario
El TOF 2 dispuso que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena en su domicilio, bajo monitoreo permanente con tobillera electrónica y sujeción a estrictas condiciones. Entre ellas, deberá permanecer en su residencia salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas ante la Justicia. Además, se le prohibió promover o permitir concentraciones de manifestantes frente a su vivienda, con el fin de garantizar la “convivencia pacífica del vecindario”.
A su vez, también se estableció un régimen de visitas restringido. En un plazo de 48 horas hábiles, la ex mandataria deberá presentar una nómina con las personas habilitadas a ingresar a su domicilio sin autorización judicial. Solo podrán incluirse familiares, personal de salud habitual, abogados defensores y custodia oficial.
El trasfondo político
Para el peronismo, la decisión judicial tiene un claro componente político. “Estamos frente a una proscripción”, repiten desde distintos sectores del PJ, que entienden que la prisión domiciliaria busca inhabilitar a Cristina Kirchner para el debate político.
“El pueblo argentino tiene que ver lo que está pasando en este país, con un programa económico que genera deuda sobre deuda que pagarán los tataranietos”, sentenció Mayans, en referencia al gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, el clima político sigue escalando, con una oposición movilizada en las calles y un oficialismo que endurece su postura desde el Poder Ejecutivo.
