El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario resolvió que los policías acusados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014, continuarán en libertad mientras se prepara un nuevo juicio. Esta decisión se tomó tras la anulación de las absoluciones emitidas en primera instancia a mediados de 2023. La Cámara Federal de Casación Penal había invalidado la sentencia el 17 de diciembre, señalando irregularidades en la valoración de pruebas y ordenando que otro tribunal reexamine el caso.
Los fiscales Fernando Arrigo y Federico Reynares Solari, tras la resolución de Casación, habían solicitado que los acusados regresaran a prisión preventiva y que se les impida salir del país, aduciendo riesgo de fuga. “El fallo de Casación refuerza la peligrosidad procesal de los imputados, quienes podrían intentar eludir la justicia en caso de ser condenados nuevamente”, plantearon. Sin embargo, el tribunal, integrado por Eduardo Rodrigues Da Cruz, Elena Dilario y Román Lanzón, rechazó estas medidas, permitiendo que los acusados sigan el proceso en libertad.
Entre los 19 imputados, se incluyen policías de la fuerza provincial para quienes la Fiscalía solicita penas de prisión perpetua, como Diego Álvarez, Walter Benítez y Fernando Blanco, entre otros. Además, hay agentes con pedidos de penas menores, como Belkis González y Rodolfo Murúa. Un civil, Daniel Crespo, también está involucrado en la causa como presunto encubridor.
Franco Casco, de 20 años, desapareció en octubre de 2014 tras ser detenido en la comisaría 7ª de Rosario cuando planeaba regresar a su hogar en Florencio Varela. Su cuerpo apareció 24 días después en el río Paraná. Inicialmente, la Policía alegó que había sido liberado en buen estado de salud, pero las evidencias y testimonios sugirieron otra realidad, lo que derivó en la intervención de la justicia federal para investigar el caso como desaparición forzada seguida de muerte.
En 2021 comenzó el juicio contra 19 policías y un civil. Sin embargo, en julio de 2023, el tribunal de primera instancia dictó un fallo dividido que absolvió a los acusados y ordenó liberar a 10 de ellos que cumplían prisión preventiva desde 2017. Esta decisión fue apelada y, finalmente, anulada por Casación.
La Cámara de Casación criticó severamente la sentencia anulada, señalando que se omitieron pruebas clave y que se abordaron de manera fragmentada los elementos presentados durante el juicio. Los camaristas Daniel Petro y Diego Barroetaveña destacaron que no se cumplió con el estándar de debida diligencia y que hubo una valoración parcial de los hechos, sin considerar el contexto integral.
Carlos Mahiques, otro de los vocales, calificó la absolución como una decisión arbitraria, indicando que no se ponderaron pruebas dirimentes y se ignoraron las irregularidades señaladas en el tratamiento de la causa.
El nuevo tribunal que se forme deberá evaluar nuevamente las pruebas y decidir sobre el futuro de los acusados, en un caso que sigue generando repercusiones y marcando un fuerte debate sobre la actuación policial y la justicia en Rosario.
