El juez federal Marcelo Bailaque fue imputado este jueves en una extensa audiencia de seis horas en los tribunales federales de Oroño al 900, tras una serie de acusaciones que incluyen presuntos favores al capo narco Esteban Alvarado y su entorno. La jornada judicial estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad, restricciones a la prensa y nuevas revelaciones que colocan al magistrado en el centro de un escándalo sin precedentes.
Según los fiscales, Bailaque habría beneficiado a Alvarado y a su ex esposa, Rosa Natalí Capuano, al retrasar deliberadamente intervenciones telefónicas clave en una causa de narcotráfico. La conexión entre el juez y el contador Gabriel Mizzau, vinculado al narcotraficante, fue otro de los puntos centrales de las imputaciones. Además, se reveló que el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque hasta hace pocos meses, lo que suma sospechas sobre un posible conflicto de interés.
Otra de las acusaciones refiere a irregularidades en el manejo de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo, que estaba intervenida por orden judicial. Según los fiscales, Bailaque permitió el desvío de dinero a una mutual vinculada a su amigo, el financista Fernando Whpei, bajo el argumento de que allí generaría mayor rendimiento financiero. La relación personal entre el juez y Whpei quedó expuesta durante la audiencia, con pruebas de viajes conjuntos a Chile y múltiples comunicaciones.
La tercera causa presentada contra Bailaque involucra presuntas maniobras para beneficiar a determinados empresarios en una investigación por lavado de activos y evasión. Los fiscales señalaron que el juez actuó con una celeridad inusual al ordenar allanamientos y medidas que no fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal. Posteriormente, dictó la falta de mérito a los acusados, dejando la causa en estado de inactividad.
Durante la audiencia, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari solicitaron un amplio acceso a las comunicaciones del juez, incluidas las llamadas de su celular y sus declaraciones juradas. También pidieron una investigación patrimonial que abarque a otros implicados, entre ellos exfuncionarios y empresarios vinculados a los casos en cuestión.
- Durante la audiencia, la Policía Federal tomó medidas estrictas que incluyeron prohibir el uso de teléfonos a la prensa mientras Bailaque se encontraba presente. Por orden de la Oficina de Gestión Judicial, los agentes formaron un cordón detrás del magistrado acusado, impidiendo a los periodistas observar sus reacciones o escuchar posibles diálogos durante el desarrollo de la sesión.
El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien presidió la audiencia, deberá resolver este viernes un pedido de recusación en su contra debido a su participación previa en una condena contra Alvarado. Mientras tanto, la defensa de Bailaque anticipó que buscará impugnar las pruebas presentadas, alegando que las mismas carecen de fundamentos sólidos.
El caso de Bailaque no solo pone en jaque su futuro judicial, sino que también genera un debate sobre el rol del Poder Judicial en Rosario, una ciudad profundamente afectada por el narcotráfico y la corrupción estructural. Las próximas semanas serán clave para determinar el impacto de estas imputaciones y sus implicancias en el sistema judicial federal.
