El día después de que el gobierno nacional lograra bloquear el aumento a los jubilados con un veto, el Congreso impulsó otra iniciativa promovida por la oposición: la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por una abrumadora mayoría. Con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la oposición logró sancionar la ley. Además, el Senado aprobó, también por amplia mayoría (49 votos a 11), el rechazo del DNU de la SIDE, lo que representó dos derrotas consecutivas para el gobierno.
Apenas 24 horas antes, el oficialismo celebraba haber frenado el aumento a los jubilados con el apoyo del radicalismo, que en esta ocasión se unió al peronismo para aumentar los fondos de las universidades. Mientras tanto, el gobierno logró una pequeña victoria: la aprobación de la Boleta Única de Papel, que será nuevamente debatida en Diputados.
Cinco meses después de masivas movilizaciones en defensa de la educación pública, el Senado aprobó la ley que actualiza el financiamiento para el funcionamiento, investigación y extensión de las universidades. El desafío para la oposición no solo era obtener una mayoría para aprobar la ley, sino conseguir un apoyo tan amplio que hiciera difícil un veto presidencial, lo cual lograron con una mayoría abrumadora. Maximiliano Abad, de la UCR, destacó la brecha entre un pueblo que pide recursos para la educación y un gobierno que planea vetarlos. Eduardo «Wado» de Pedro, por su parte, denunció que el 80% de los docentes están por debajo de la línea de pobreza y defendió la ley, que también contempla la actualización mensual de salarios docentes por el índice de inflación.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley será del 0,14% del PBI, lo que llevó a Milei a calificar a los legisladores como «degenerados fiscales» y amenazar con vetar la ley. En respuesta, Martín Lousteau criticó que, mientras se niega el aumento a jubilados y universidades, se han otorgado exenciones impositivas que benefician a otros sectores.
- La suba incluye un incremento para los docentes y no docentes y generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El Poder Ejecutivo tendría que actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y el proyecto fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.
A su vez, establece que tendrá que actualizar desde el 1° enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el Indec.
Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo con las autoridades de las universidades nacionales.
Como miembro informante, el flamante presidente de la comisión de Educación de la Cámara alta, Eduardo De Pedro, acusó al Gobierno de atacar “directamente los principios fundamentales de la educación”. El legislador, esta noche preocupado por el tema, tardó nueve meses en presentarse como integrante de la comisión que en la actualidad comanda.
“Si el presidente veta esta ley, que es sólo el 0,14% del PBI para las universidades argentinas, confirmamos que otra vez estamos ante un proyecto para muy pocos”, aseguró De Pedro. Además, dijo que la inversión en el área en discusión “es un elemento esencial de nuestro modelo productivo” y contribuye a “agregar valor en cada una de las provincias”.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró la aprobación en el Senado nacional vía redes sociales: «El Financiamiento Universitario es Ley. Se aprobó por 2/3 una ley razonable que sin comprometer al Estado y afectando sólo el 0,14 del PBI, da previsibilidad presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial de docentes y nodocentes universitarios».
«Pedimos al señor presidente que respete la decisión del Congreso. No es un gasto sino una inversión lo que se destina a la educación y el conocimiento, es lo que priorizan todos los países con más crecimiento y la herramienta estratégica más importante para el desarrollo», apuntó.
«Agradecemos a todos los legisladores que acompañaron la iniciativa, a diputados que la impulsaron. En nuestro caso, a representantes de la Provincia de Santa Fe en el Senado Carolina Losada, Marcelo Lewandowski y Eduardo Galaretto por el acompañamiento», destacó.
«La educación nos iguala y hace libres. Nos permite crecer individual y colectivamente. Educación como respuesta a todos nuestros problemas. Educación pública, para todos y de excelencia. Lo que hizo grande a la Argentina y lo que tenemos que resguardar para volver a serlo», concluyó Bartolacci.
