Los fiscales a cargo de la investigación de la saga de asesinatos de cuatro trabajadores de marzo pasado y los ataques a una comisaría y un colectivo del transporte urbano indicaron que los hechos estuvieron “claramente coordinados” entre sí y que entre los detenidos en el marco de 30 allanamientos la mañana de este martes se encuentran algunos de los considerados autores materiales e intelectuales de esos ataques que mantuvieron en estado de estupor y parálisis a la ciudad de Rosario.
“Están identificados, mencionados y detenidos muchos de los autores materiales y en muchos casos hubo que subir en la cadena de mando para llegar a la mayoría de los autores intelectuales, inclusive instigadores”, dijo el fiscal de la Unidad de Homicidios Adrián Spelta, secundado por su par Patricio Saldutti en el salón Rodolfo Walsh de la sede de Gobernación en la que representantes de la Provincia y Nación, con la presencia del intendente Pablo Javkin, brindaron un mensaje de unidad y coordinación en las tareas de investigación.
Los fiscales fueron prudentes y escuetos a la hora de brindar detalles, que decidieron reservar de cara a audiencia imputativa prevista para el próximo martes y para no entorpecer, según plantearon, medidas pendientes: “No vamos a poder brindar mucha información hasta la audiencia del martes para imputar con más precisión los roles”, dijo Spelta.
“Los hechos que nos tocó investigar estaban claramente coordinados. Eso hizo que se reuniera un grupo de fiscales y nos llevó a un resultado favorable”, añadió el fiscal, y precisó que la mayoría de los implicados “ya formaban parte de organizaciones previas. Se trata de autores que tienen antecedentes y que ya venían cumpliendo roles delictivos, muchos de ellos desde sus lugares de detención”.
Si bien indicó que en los ataques intervino un grupo que se conformó con algunas personas en libertad y otras ya detenidas, dijo que “es apresurado hoy afirmar un móvil vinculado a un hecho concreto”. Lo que, por el momento, no permite situar los avances de la pesquisa más cerca o más lejos de la hipótesis del gobierno provincial, que liga los atentados a las restricciones que impuso la gestión del gobernador contra los presos de alto perfil.
En los más de 30 allanamientos realizados este martes en diferentes puntos de Rosario intervino personal de la Policía de Investigaciones y la Tropa de Operaciones Especiales fueron detenidas siete personas, entre ellas tres menores de edad, ligadas a los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero de la línea K Marcos Daloia, y del playero Bruno Bussanich. En la saga se incluyen la balacera a la comisaría 15ª y un ataque con arma a un colectivo de la línea 122. En un primer momento se indicó que los detenidos eran seis, luego se precisó que son siete personas, entre ellas dos mujeres.
Antes de la exposición de los fiscales, la fiscal general Cecilia Vranicich resaltó el clima de colaboración y “madurez interinstitucional” en el trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia de Menores, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, “con el que hemos trabajado intensamente la semana pasada y hoy en requisas en establecimientos penitenciarios de la Nación”, dijo.
En esa línea, también consideró “importantes en esta instancia” los avances de la pesquisa, de la que se excusó de brindar más detalles: “Debemos ser prudentes en la información a transmitir. Como funcionarios públicos debemos darla a la ciudadanía toda, pero particularmente a los familiares de aquellas cuatro personas asesinadas mientras estaban haciendo su trabajo”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que participaron de la investigación “tanto la Policía de Santa Fe como la Policía de Investigaciones (PDI) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Se trata de un procedimiento muy voluminoso, pero que tiene la característica de haber sido perfectamente coordinado entre el ministerio, las agencias investigativas policiales y con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación y en el marco de una intervención coordinada entre fuerzas provinciales y federales”.
“Se terminaron los tiempos donde la responsabilidad siempre es del otro. Frente a la criminalidad organizada, el Estado en todos sus niveles debe responder unido, con contundencia y sin distinción de partidismo político”, resaltó.
