El ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain fue imputado este martes por “liderar una asociación ilícita dedicada a receptar en forma indebida de información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales”, una acción que según los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg está prohibida por la actual Ley Nacional de Inteligencia, y que tanto el ex funcionario como sus colaboradores que también afrontan la acusación niegan haber realizado.
En total son ocho los acusados que fueron convocados a las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la capital provincial para conocer los delitos que se les imputa. La circunstancia de la imputación tiene fuertes derivaciones legales, pero también políticas.
El gobierno santafesino, del que Sain era parte, se presenta en esta causa en su contra como querellante a través del fiscal de Estado, Rubén Weder. Las imputaciones implican hacer inteligencia ilegal sobre empresarios, gremialistas, legisladores, funcionarios judiciales y policiales, abogados, militantes sociales y periodistas.
Por una cuestión de capacidad dentro del inmueble las partes acordaron dividir en dos la audiencia. En el primer turno estuvieron presentes los defendidos por Hernán Martínez que son el ex ministro Sain, el ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro y María Agustina Moulin, que cumplía funciones dentro de la misma cartera. En este caso los acusados participaron de forma virtual. Las imputaciones de la segunda parte fueron para los defendidos de Juan Lewis: Nadia Schujman, Débora Cotichini, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernardi.
Cabe destacar que en las audiencias el fiscal solo lee las imputaciones y permite que los defendidos hagan uso de la palabra. Esto quiere decir que no se va a poner en consideración la evidencia que utilizó el funcionario del MPA para formalizar la acusación ya que, según entiende, todas las partes afectadas tienen acceso a todo el expediente.
En su descargo virtual, Sain desconoció haber cometido delitos. Expresó que el tipo de acciones que le reprochan se realizaban rutinariamente durante la gestión de su predecesor en el Ministerio de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que es uno de los querellantes en este caso. Según personas que tuvieron acceso a la audiencia, Sain sostuvo además que todo lo que se hacía en su gestión estaba en conocimiento del gobernador Omar Perotti y que tiene audios grabados que así lo demuestran.
Lo que le atribuyen al grupo acusado en conjunto es haber diseñado, puesto en funcionamiento y sostener un sistema para cometer y permitir delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados.
Los fiscales dijeron que esa agrupación ilegal funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021. Apuntaron que era una organización de estructura piramidal que era encabezada por Sain como jefe, seguido por la directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman como organizadora en el Ministerio de Seguridad y la ex directora de Inteligencia del OI Débora Cotichini también como organizadora. Germán Montenegro, el ex subsecretario de Control Diego Rodríguez, el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez, las empleadas Milagros Bernard y Agustina Moulins fueron imputados en carácter de miembros.
Fuentes: Fiscalía, Diario La Capital y Rosario3.com.
