La Justicia Federal condenó a seis años de prisión a un abogado que operaba como engranaje clave para mantener activas desde la cárcel algunas de las estructuras narcocriminales más pesadas vinculadas a Rosario. Se trata de Iván Carlos Méndez, de 53 años, quien admitió su responsabilidad en un juicio abreviado tras ser acusado de actuar como nexo entre jefes narcos detenidos y sus organizaciones en libertad.
El fallo, homologado por el juez federal Carlos Vera Barros, incluyó además una inhabilitación especial por ocho años para ejercer la abogacía, una multa y la declaración de reincidencia. Méndez permanece detenido en el penal federal de Marcos Paz.
La investigación, encabezada por el fiscal Matías Mené y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, reconstruyó un esquema en el que el abogado aprovechaba su condición profesional para acceder a internos de alto perfil alojados bajo regímenes de seguridad estrictos. Según la acusación, utilizaba esas visitas para transmitir órdenes, coordinar movimientos y facilitar decisiones vinculadas al funcionamiento de las organizaciones fuera de los penales.
Entre los detenidos con los que mantenía contacto figuran nombres centrales del mapa narco: Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico y por el crimen del ex concejal Eduardo Trasante; Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”; Uriel “Lucho” Cantero, integrante de la tercera generación de Los Monos; y Cristian “Pupito” Avalle, condenado por liderar una banda violenta con base en Villa Gobernador Gálvez.
De acuerdo con el expediente, Méndez fue un “nexo sistemático” en una asociación ilícita que operó al menos entre enero y septiembre de 2025. Su rol consistía en sortear los controles del sistema penitenciario para garantizar la circulación de información entre los jefes encarcelados y sus redes territoriales. Para ello, habría retransmitido mensajes, gestionado bienes y facilitado operaciones económicas vinculadas a activos de origen ilícito.
Uno de los puntos centrales de la causa describe maniobras de triangulación de comunicaciones. En ese esquema, el abogado actuaba como intermediario entre Rodríguez Granthon y su entorno familiar para transmitir datos sobre propiedades, alquileres y administración de bienes. También fue señalado como enlace con referentes narco de otras jurisdicciones, como César Morán de la Cruz, con base en la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación también lo ubicó participando en operaciones concretas: la compra de un campo, la venta de inmuebles entre miembros de distintas organizaciones y la entrega de vehículos. Para la fiscalía, estos movimientos no eran aislados sino parte de una estrategia para preservar y reordenar el patrimonio criminal.
Durante un allanamiento en su domicilio en Villa 31, los investigadores secuestraron cocaína, un arma larga calibre .223, piezas para su ensamblaje y municiones. Ese hallazgo reforzó la hipótesis de que su intervención no se limitaba a tareas de mensajería, sino que estaba integrado activamente a la estructura delictiva.
En el acuerdo judicial, Méndez admitió su participación en seis delitos, entre ellos asociación ilícita, lavado de activos agravado, encubrimiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y confabulación para el tráfico de drogas.
Para los fiscales, la gravedad del caso radica en que las maniobras permitieron sostener la capacidad operativa de organizaciones criminales de alta peligrosidad aun con sus líderes tras las rejas. El expediente expone, así, una de las principales preocupaciones del sistema penal: cómo las redes narcocriminales logran proyectar poder desde el interior de las cárceles y sostener su influencia en el territorio.
