Tras la dolorosa noticia del fallecimiento de Marcos Daloia, el chofer de la línea K atacado a balazos en la zona oeste el jueves pasado, la sede local de la UTA decidió que la protesta con cese de servicio de colectivos continúe. De esta manera, no habrá transporte urbano ni interurbano en Rosario este lunes.
Con la confirmación de la continuidad de la medida, a raíz de la ola de violencia con atentados en los que fueron asesinados dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio en menos de una semana, el servicio de transporte urbano cumplirá al final de este lunes 96 horas de inactividad.
El colectivero de la línea K atacado a balazos en la zona oeste de Rosario murió este domingo pasado el mediodía en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. «Por el deterioro clínico, neurológico y hemodinñámico que venía presentando en las últimas 24 horas en la mañana de ete domingo se realizaron diferentes test, estudios y diagnósticos que confirmaron a las 13.30 la muerte encefálica del paciente, que confirma el fallecimiento del mismo», precisó la directora de ese efector, Andrea Becherucci.
- Rosario atraviesa esta semana una de las peores olas de violencia de su historia. Primero le costó la vida a dos taxistas -Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, y Diego Alejando Celentano, de 33- y luego a un chofer de la línea K -Marcos Daloia, de 39 años.
A esos tres hechos, se le sumó el asesinato de Bruno Bussanich, de 25 años, un joven empleado de la estación de servicio Puma ubicada en Mendoza al 7600 fue ejecutado a balazos este sábado poco antes de la medianoche cuando estaba en su puesto de trabajo. El autor de los disparos, que se movilizaba en un Fiat rojo, dejó en el lugar una nota con una amenaza contra el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
La seguidilla de crímenes, que tendría relación con las medidas tomadas por el gobierno provincial contra presos de alto perfil detenidos en las cárceles del territorio santafesino, motivaron la constitución de la denominada Junta Operativa, integrada por el gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Municipalidad y el gobierno nacional para trabajar de manera «conjunta y permanente» en una serie de medidas de seguridad.
