El reclamo por la falta de implementación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad volvió a ocupar las calles de Rosario. Este miércoles, trabajadores, transportistas, profesionales, familias y personas con discapacidad cumplieron su segundo día de paro de actividades y se movilizaron en una caravana desde el Parque Independencia hasta la Plaza San Martín, donde realizaron un acto central bajo la consigna “La discapacidad no espera”.
La medida fue convocada por la Asociación de Transportistas Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis). Reclaman la aplicación efectiva de una ley que fue sancionada, vetada por el Ejecutivo nacional, luego ratificada por el Congreso, pero nunca puesta en práctica.
A media mañana, una larga fila de autos y camionetas —muchos de ellos utilizados para el traslado de personas con discapacidad— recorrió el centro con bocinazos y carteles. El punto final fue la Plaza San Martín, donde decenas de familias, profesionales y referentes del sector se reunieron para reclamar la inmediata implementación de la norma.
“Cada demora es un derecho vulnerado”
Desde las organizaciones convocantes difundieron un mensaje contundente: “Frente al abandono estatal, respondemos con unidad, coraje y presencia en las calles. Porque cada demora es un derecho vulnerado, y cada cuerpo presente es un grito de dignidad. Gracias a quienes se sumaron, acompañaron y amplificaron. Sigamos construyendo visibilidad, justicia y acción colectiva”.
En el acto central, los manifestantes denunciaron aranceles desfasados, falta de medicamentos, interrupción de tratamientos y el cierre de instituciones por la demora en los pagos estatales. La escena, que se repite semana a semana, volvió a mostrar la desesperación de un sector que se siente olvidado.
“Que nos escuchen a los discapacitados para poder estar bien”, pidió un joven frente a la multitud. A su lado, una madre sostuvo: “Tengo un hijo de 27 años, todos los meses tengo que justificar su pensión con tickets y papeles. Y después me exigen una historia clínica si cambia el diagnóstico. Es una vergüenza. Que los legisladores se pongan a trabajar”.
Instituciones al límite y transportistas sin respuestas
El presidente de Atraes, Pablo Bolego, explicó que el paro es una medida de último recurso ante la falta de cumplimiento estatal. “Nos vemos obligados a realizar un cese involuntario de actividades. Tras idas y vueltas, el gobierno vuelve a jugar con los tiempos de los trabajadores, las familias y las personas con discapacidad”, señaló.
“Esta dilación no solo vulnera derechos, sino que profundiza la incertidumbre en un sector que ya no puede esperar más. Trabajamos todo el año en la ley, la aprobamos, logramos rechazar el veto, pero el Ejecutivo nacional decide no cumplirla. Es una dilación muy cruel”, sostuvo.
La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, también alertó sobre el colapso institucional: “Estamos en una situación desesperante. No recibimos ningún tipo de respuesta y los espacios están desapareciendo”, dijo.
El viernes pasado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), manifestantes ingresaron por la fuerza tras la negativa de las autoridades a recibir un petitorio. El encuentro con el interventor Alejandro Vilches para discutir tarifas había sido suspendido por “fuerza mayor” y aún no tiene nueva fecha.
“Esto no da para más”
El clima en la Plaza San Martín fue de angustia y cansancio. Muchos de los presentes denunciaron que los transportistas están al borde de vender sus vehículos por la falta de pago, y que varias instituciones en Rosario analizan cerrar sus puertas. “¿Dónde van a ir nuestros hijos?”, preguntó una madre entre lágrimas.
El reclamo se sintetizó en una frase repetida entre los presentes: “Esto no da para más”. El pedido es claro: que se cumpla la ley y que el Estado garantice los derechos de las personas con discapacidad, sin dilaciones ni excusas.
