Una jornada esperada se desarrollará este lunes, día en que un tribunal federal comenzará a juzgar a 19 efectivos de la Policía de Santa Fe acusados de tener diferentes grados de participación en la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, por quien su familia reclama justicia desde hace más de siete años.
La mayoría de los agentes prestaba funciones en la comisaría 7°, donde el joven de 20 años fue detenido y visto por última vez. Durante este mes se realizarán tres jornadas de audiencia y el debate retomará en febrero, cuando comenzará la producción de la prueba que tiene previstos más de 200 testimonios.
“Esto es coronar un proceso de lucha que empezó Elsa, la madre de Franco (fallecida en 2016), desde una plaza de barrio Ludueña, donde llegó con una foto de su hijo para pedir ayuda”, recordó el querellante Guillermo Campana.
La familia de Franco no llegará sola a la instancia más esperada en el reclamo de justicia. Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional convocaron a diferentes organizaciones a los Tribunales Federales de Oroño al 900 para acompañarlos.
Casco arribó a Rosario desde Florencio Varela a fines de septiembre de 2014 para visitar a familiares en el barrio Empalme Graneros. “El 6 de octubre quiso emprender el regreso a Buenos Aires y fue detenido arbitrariamente por la policía santafesina (en la comisaría 7°). Fue torturado, asesinado y su cuerpo arrojado al río Paraná”, donde fue encontrado semanas después, resumieron sobre el caso.
La lista de acusados está encabezada por el entonces comisario de la seccional séptima, Diego Álvarez, seguida por agentes, cabos, sargentos y oficiales. Las imputaciones tienen que ver con diferentes responsabilidades del delito de desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima; encubrimiento y participaciones secundarias.
En la elevación de la causa a juicio, Fiscalía consideró que “se encuentra acreditado que los funcionarios policiales imputados participaron en la privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, negaron información sobre las circunstancias de su detención, ocultaron su paradero y obstaculizaron su búsqueda, resultando de ello la muerte de la víctima. Conductas éstas que resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de persona”.
“El 6 de octubre se dirigía a tomar un tren que salía a la medianoche hacia Florencio Varela cuando fue detenido por policías que lo sometieron, dentro de la comisaría, a torturas mediante golpes, baldazos de agua fría, insultos. Entendemos que falleció en esa situación y que luego intentaron instalar un procedimiento en relación a él que tenía manifiestas irregularidades, inconsistencias y contradicciones. Recién reconocieron la detención el 8 de octubre, cuando su padre fue a la seccional”, recordó Campana sobre los días previos a que el cuerpo del joven fuera encontrado en el río.
Luego de un extenso proceso, el abogado señaló que el juicio significa “coronar un proceso de lucha que se inició cuando conocimos a Elsa, que estaba en una plaza de Ludueña, con una foto de su hijo, preguntando si alguien la podía ayudar”. “Empezamos a acompañarla muchas organizaciones que se sumaron a denunciar que era un hecho grave y que había personal de la comisaría involucrado; y a Elsa esto le llevó la vida”, recordó Campana sobre el sufrimiento de la madre.
“Esperamos que se pueda demostrar qué sucedió, descubrir la verdad jurídica de lo ocurrido, que se pueda identificar a los responsables, que haya sanción para ellos y que eso signifique una reparación desde lo simbólico para la familia, porque obviamente hay una cuestión irreparable. También que sea un aporte a que haya justicia y que estas cosas no puedan suceder. Esperamos que sea la culminación de un proceso colectivo de muchas organizaciones y de la lucha de la familia”, sostuvo.
Franco Ezequiel Casco fue detenido en la vía pública de Rosario por personal de la comisaría 7° el 6 de octubre de 2014, cuando se dirigía a la Estación Rosario Norte para tomar un tren de regreso a su domicilio en Florencio Varela, tras haber visitado la ciudad.
Como consta en el expediente de la causa, los efectivos sometieron a torturas al joven en la propia comisaría, donde perdió la vida. Durante 24 días los familiares no tuvieron conocimiento de su paradero, debido a maniobras de ocultamiento realizadas por los imputados del caso y por la reticencia a brindar información de todo el personal de la comisaría.
Desde la dependencia incluso se creó una causa falsa contra la víctima con el objetivo de legitimar su detención. Finalmente, el cuerpo de Franco apareció flotando en el río Paraná el 30 de octubre de 2014, rescatado por la Prefectura Naval, y en la autopsia salió a luz lo ocurrido, presentando signos de violencia previo a la inmersión, al igual que ocurrió luego con los casos de Gerardo Pichón Escobar (casi un año después en agosto de 2015) y Carlos Bocacha Orellano (en febrero del 2020).
En el escrito de la querella al momento del procesamiento de los policías aseguraron que las torturas y la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco “no constituyen un caso aislado sino que se dieron en un contexto de repetidas y comprobadas violaciones a los derechos humanos protagonizadas por funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe, circunstancia de la que dan cuenta diversos informes producidos durante los últimos años por instituciones públicas locales y por organismos internacionales”.
Acusa a los 19 imputados por la desaparición forzada seguida de muerte y torturas a Franco Casco el fiscal general Oscar Fernando Arrigo, y el tribunal estará a cargo de los jueces Otmar Paulicci, Beatriz Caballero de Barabani y Osvaldo Facciano.
[FUENTES: PÁGINA12 Y ROSARIOPLUS]
