El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a aplicarse en Santa Fe con dos intervenciones judiciales vinculadas a adolescentes de 14 y 15 años. Así lo informó este martes la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien aseguró que la provincia ya contaba con la estructura necesaria para implementar la normativa nacional.
La Ley 27.801 entró en vigencia el viernes 5 de septiembre y establece un régimen penal para adolescentes de entre 14 y 17 años acusados de cometer delitos. De esta manera, la edad mínima de imputabilidad quedó reducida de 16 a 14 años. La norma había sido publicada el 9 de marzo y comenzó a regir 180 días después.
“Santa Fe ya estaba preparada para la entrada en vigencia de esta normativa”, afirmó Coudannes. La funcionaria sostuvo que la Provincia no debió crear nuevas oficinas ni incorporar cargos o personal para comenzar a aplicarla. “Todo lo que es estructura, infraestructura y oficinas ya estaba listo. No tuvimos que generar cargos ni recursos humanos nuevos”, aseguró.
Los primeros dos casos en Santa Fe
Según detalló la vocera, una de las primeras actuaciones alcanzó a un adolescente de 14 años de San Lorenzo, investigado por un robo calificado. La audiencia se realizó este lunes y la Justicia resolvió que quedara en libertad sujeto a una serie de medidas. El segundo caso involucró a un adolescente de 15 años de Rosario por un hecho inicialmente investigado como abuso de armas. La Fiscalía desestimó la actuación y ordenó su liberación.
“Tuvimos un caso de un menor de 14 años de San Lorenzo por un robo calificado, cuya audiencia se realizó ayer por la mañana, y por decisión de la Justicia quedó en libertad con medidas”, explicó Coudannes. Sobre la intervención en Rosario, agregó que el caso fue finalmente descartado por el Ministerio Público de la Acusación.
Las dos resoluciones muestran que el ingreso de un adolescente al nuevo régimen no implica automáticamente una condena ni una medida de encierro. Cada situación debe ser analizada por fiscales y jueces de acuerdo con las pruebas, la gravedad del hecho y las condiciones particulares del imputado.
“Delito de adulto, pena de adulto”
Durante su exposición, Coudannes defendió la postura del gobierno de Maximiliano Pullaro a favor de la reducción de la edad de imputabilidad. “Se terminó la impunidad. A partir de ahora, delito de adulto tiene pena de adulto”, afirmó.
La expresión sintetiza la posición política de la administración provincial, pero no describe literalmente el contenido de la normativa. La ley establece un sistema específico para adolescentes, con penas alternativas, medidas educativas y dispositivos orientados a la resocialización. También prohíbe la prisión perpetua y fija en 15 años el límite máximo para las penas privativas de la libertad.
Entre las sanciones contempladas aparecen la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, la prestación de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación del daño y, para los delitos de mayor gravedad, la privación de la libertad en el domicilio, en un instituto abierto o en un establecimiento especializado.
La legislación también permite aplicar criterios de oportunidad, mediación penal y suspensión del proceso a prueba en determinados casos. Los adolescentes privados de su libertad deben permanecer separados de las personas adultas y recibir acompañamiento educativo, psicológico y social.
La preparación de la provincia. Coudannes aseguró que Santa Fe se anticipó a la entrada en vigor de la ley y que ya disponía de adolescentes institucionalizados, equipos especializados e instalaciones para abordar los nuevos procesos. “No empezamos de cero y esto marca la diferencia”, sostuvo. Según explicó, el rol del Ejecutivo provincial consiste en garantizar la disponibilidad de infraestructura, personal y recursos para que jueces, fiscales y defensores puedan aplicar el régimen.
La funcionaria también anticipó que la Provincia continuará invirtiendo en establecimientos de detención, dependencias policiales y tareas de prevención e investigación. “La decisión de este gobierno es muy clara: por dentro de la ley, todo; por fuera de la ley, absolutamente nada”, enfatizó. En esa línea, aseguró que la implementación del nuevo sistema forma parte de la política de seguridad impulsada por Pullaro desde el comienzo de su gestión.
La Ley 27.801 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normas procesales y administrativas a los principios del régimen. Los procesos deben quedar en manos de jueces, fiscales, defensores y equipos con formación especializada en derecho penal juvenil y en el abordaje de adolescentes.
Pullaro cuestionó la suspensión en Buenos Aires
La puesta en marcha del régimen abrió, al mismo tiempo, una disputa judicial y política. El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó con dureza la decisión de una jueza de Lomas de Zamora que suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la normativa en la provincia de Buenos Aires y solicitó explicaciones al gobierno de esa jurisdicción.
“Es muy grave lo que sucedió”, afirmó el mandatario santafesino en una publicación en X. Luego apuntó contra la resolución judicial: “El garantismo bobo no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”.
Pullaro sostuvo que la función de los magistrados es garantizar la aplicación de las normas sancionadas por el Congreso. “Los jueces están para que las leyes se cumplan, y la ley es muy clara: no permitir que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba”, expresó.
Ayer una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y le pide explicaciones al gobierno de su provincia. El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar. Los jueces están para que las…
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 8, 2026
