El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en el esquema de financiamiento de la política y la incorporación del criterio de “Ficha Limpia” para impedir candidaturas de personas condenadas por corrupción. La iniciativa, según adelantó el mandatario, será girada en las próximas horas para su tratamiento legislativo.
El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde Milei defendió la eliminación de las PASO al considerar que implican un gasto innecesario para el Estado y cuestionó el financiamiento público de la política. En ese mismo mensaje, planteó la necesidad de “terminar con la impunidad” mediante la implementación de Ficha Limpia, una propuesta que ya generó debates en distintos distritos del país.
La presentación del proyecto coincide con el cierre de su agenda internacional en Israel, donde participó de actividades oficiales junto al primer ministro Benjamin Netanyahu en el marco del Día de la Independencia. Desde allí, el mandatario argentino confirmó el envío de la iniciativa mientras inicia su regreso al país.
De acuerdo a lo que trascendió, el texto ingresará por el Senado, donde el oficialismo buscará construir acuerdos con gobernadores y bloques aliados. En caso de avanzar, el debate continuará en la Cámara de Diputados, un ámbito en el que el Gobierno estima contar con mayores posibilidades de alcanzar el quórum necesario.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación definitiva de las PASO, un mecanismo que actualmente permite a los partidos definir candidaturas y ordenar sus internas. Esta propuesta enfrenta resistencias tanto en sectores de la oposición como en espacios que podrían ser aliados del oficialismo, como la UCR y el PRO, que consideran a las primarias una herramienta clave para dirimir liderazgos y estrategias electorales.
Además, la reforma contempla cambios en la Boleta Única de Papel y una reconfiguración del financiamiento político. En este punto, el Gobierno propone reducir o eliminar los aportes estatales y habilitar un esquema basado en financiamiento privado, con donaciones de personas físicas y jurídicas, así como contribuciones de afiliados.
Este último aspecto genera cuestionamientos por parte de distintos sectores, que advierten sobre posibles riesgos en términos de transparencia y equidad en la competencia electoral. También señalan que un sistema con menor financiamiento público podría afectar la participación de partidos más pequeños o con menor estructura económica.
En la Casa Rosada sostienen que el envío del proyecto en un año no electoral abre una ventana para discutir reformas estructurales sin la presión inmediata de una campaña. Sin embargo, las proyecciones legislativas indican que el tratamiento podría demorarse hasta el segundo semestre, en un calendario atravesado por la dinámica política y los tiempos parlamentarios.
