La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó entre la tarde de miércoles y la madrugada de jueves una serie de reformas que reconfiguran por completo el diseño institucional del Poder Judicial en la provincia. Con el aval de una mayoría que incluyó acuerdos entre el oficialismo de Unidos y sectores del justicialismo, el plenario dio luz verde a una Corte Suprema de Justicia ampliada a siete miembros con paridad de género y representación territorial, y estableció límites etarios, nuevos mecanismos de selección de magistrados y una reestructuración integral del Ministerio Público.
El proceso no estuvo exento de tensiones, cruces políticos y críticas por la supuesta concentración de poder en el Ejecutivo. El temario fue aprobado en tres bloques: Corte Suprema y Defensoría del Pueblo; Ministerio Público y selección/juicio de magistrados; y cláusulas transitorias. En total, se reformaron seis artículos y se incorporaron nueve nuevos.
Corte Suprema: ampliación, paridad y límite de edad
Una de las principales modificaciones establece que la Corte Suprema estará compuesta por siete ministros —ya no cinco “como mínimo”—, con criterios de paridad de género y representación territorial. Además, se fijó como límite de edad para ejercer el cargo los 75 años, cesando automáticamente al llegar a esa edad.
El procurador general también pasa a integrar formalmente el Poder Judicial, será designado por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa por cinco años, con posibilidad de una única reelección. Este funcionario tendrá la misma remuneración que los miembros de la Corte.
Nuevas autonomías: el Ministerio Público como órgano extrapoder
El Ministerio Público fue uno de los ejes más debatidos. A partir de la reforma, se lo considera un órgano extrapoder con autonomía funcional y autarquía financiera. Estará dividido en dos ramas: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa. Ambos tendrán a su frente autoridades con mandatos de cinco años y un máximo de una reelección.
La selección de jueces, fiscales y defensores quedará en manos del Poder Ejecutivo, previa realización de concursos públicos a cargo de un Consejo Asesor con dictamen vinculante. El órgano estará compuesto por representantes de los tres poderes, universidades con sede en Santa Fe y colegios de abogados. El texto promueve el mérito como criterio central en los concursos.
Además, se creará un Tribunal de Enjuiciamiento de once miembros para investigar y sancionar faltas graves o delitos dolosos de magistrados. El cuerpo será presidido por un ministro de la Corte y tendrá representación de la Legislatura y del ámbito jurídico.
Constitucionalización de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas
El nuevo texto otorga rango constitucional a la Defensoría del Pueblo, cuyo principal objetivo será velar por los derechos de la ciudadanía frente a la Administración Pública. Sus atribuciones serán determinadas por ley. También se consagró en la Constitución al Tribunal de Cuentas, que durará seis años y cuyos miembros serán designados por el Ejecutivo con acuerdo legislativo y posibles de remoción por juicio político.
Cláusulas transitorias y resistencias gremiales
Se estableció que las leyes reglamentarias deberán dictarse en un plazo máximo de dos años. Hasta entonces, regirá el sistema actual para la selección y sanción de funcionarios judiciales. También se garantizó la continuidad laboral y presupuestaria de trabajadores del MPA y del Servicio Público de la Defensa, aunque este punto fue criticado por gremios del sector y por sectores del peronismo.
Cruces políticos y controversias
La sesión arrancó con tensión: el presidente de la Convención, Felipe Michlig, pidió disculpas por un exabrupto ocurrido en la sesión anterior —cuando un micrófono abierto lo captó diciendo que iba a “cagar a trompadas” a Nicolás Mayoraz (LLA)—. El libertario aceptó las disculpas, aunque criticó el rol institucional de Michlig. Amalia Granata y Lucila Lehmann rechazaron las disculpas por considerarlas “forzadas” y “autocomplacientes”.
Hubo más choques. La convencional Silvia Malfesi calificó la jornada como “un día de duelo” para la provincia. Rubén Giustiniani votó en contra de casi todos los artículos al advertir una “concentración de poder en el Ejecutivo”. En tanto, Marcelo Lewandowski alertó que el oficialismo podrá nombrar a los siete nuevos miembros de la Corte durante este gobierno. Juan Pedro Aleart (LLA) advirtió: “Están transformando al Poder Judicial en un apéndice del poder político”.
Incluso hubo momentos de tensión inusitada, como cuando el convencional Javier Meyer (LLA) insinuó que los tres poderes del Estado están “enganchados con el narcotráfico”, lo que le valió una advertencia y casi una sanción reglamentaria. “Si tienen pruebas, vayan a la Justicia”, retrucó Fabián Bastia (Unidos).
Una de las discusiones más prolongadas se dio en torno a un detalle del Consejo Asesor. El texto original mencionaba que debía integrar el cuerpo un académico de una universidad pública con sede en Santa Fe. Elisabet Vidal (LLA) lo cuestionó por “discriminatorio” y se modificó la redacción para que se acepte a académicos de cualquier universidad con sede en la provincia.
